La reforma de Zaplana plantea dudas de constitucionalidad, según las cajas

La Federación Valenciana de Cajas de Ahorros considera, en virtud de un informe elaborado por el catedrático de Derecho Administrativo Eduardo García de Enterría, que el anteproyecto de reforma de la ley autonómica de cajas que promueve el Gobierno que preside Eduardo Zaplana, del PP, plantea serias dudas acerca de su constitucionalidad.

El jurista señala que el 30% de representación directa que se arroga el Ejecutivo en los órganos de gobierno de las cuatro cajas valencianas (Bancaja, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Caixa Carlet y Caixa Ontinyent) alteraría el "equilibrio" y la "...

La Federación Valenciana de Cajas de Ahorros considera, en virtud de un informe elaborado por el catedrático de Derecho Administrativo Eduardo García de Enterría, que el anteproyecto de reforma de la ley autonómica de cajas que promueve el Gobierno que preside Eduardo Zaplana, del PP, plantea serias dudas acerca de su constitucionalidad.

El jurista señala que el 30% de representación directa que se arroga el Ejecutivo en los órganos de gobierno de las cuatro cajas valencianas (Bancaja, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Caixa Carlet y Caixa Ontinyent) alteraría el "equilibrio" y la "proporcionalidad" entre los grupos actualmente representados (impositores, corporaciones locales, personal y entidades fundadoras). La federación ha trasladado este informe al consejero valenciano de Economía, José Luis Olivas.La propuesta del Gobierno valenciano, presentada a finales de enero, le resta un 5% de representación en las cajas a las corporaciones locales y a los impositores que pasarían, de aprobarse el texto sin modificación alguna, de su actual 35% a un 30%. También arrebata un 10% de su peso al personal y a las entidades fundadoras, que pasarían de un 15% a un 5%. La suma de estos recortes permitiría al Ejecutivo valenciano entrar con un 30% en las cuatro entidades de ahorro.

El informe, encargado por la federación valenciana a García de Enterría, advierte que el anteproyecto del PP concede a las Administraciones públicas la supremacía en las cajas (un 60% dé los órganos de gobierno), dado que al 30% de representación municipal se uniría otro 30% de la Generalitat. "Esto distorsionaría la naturaleza jurídica de estas entidades que, como ya contempla la sentencia del Tribunal Constitucional 18/1984, a pesar de su relevancia pública, no son organismos públicos sino entidades de carácter social".

El segundo aspecto conflictivo al que apunta son las atribuciones que acumula la Generalitat en materia de cajas. "La Generalitat asumiría las funciones simultáneas de dirección y, a la vez, de control externo, incompatibles entre sí% señala.

García de Enterría confirma, además, que el anteproyecto atribuye al Gobierno la designación directa del 30% de la representación de la Generalitat, cuando propone que deberían de ser las Cortes quienes nombraran a los consejeros de las cajas. El catedrático califica además como "inexcusable" el elevado porcentaje que se reserva el Gabinete de Eduardo Zaplana en estas entidades. Igualmente ataca el carácter retroactivo que propugna el Ejecutivo para que la limitación de mandato a ocho años de los consejeros empiece a contar desde 1990, fecha en la que se aprobó la ley de cajas vigente, y no desde la aprobación de la reforma.