Depende

La polémica sobre la financiación autonómica -una polémica antigua, de la misma edad que la autonomía- ofrece cíclicamente algunas lecciones instructivas. La reacción de los socialistas catalanes -o al menos de parte de ellos- ante la posibilidad de qué el PSOE presente un recurso de inconstitucionalidad contra la cesión del 30% del IRPF a las comunidades autónomas es la última de esas lecciones. El PSC, por boca de Joaquim Nadal, dice comprender que algunas comunidades autónomas gobernadas por socialistas presenten ese recurso, pero se opone a que sea el PSOE el que lo haga. Más allá de cuále...

La polémica sobre la financiación autonómica -una polémica antigua, de la misma edad que la autonomía- ofrece cíclicamente algunas lecciones instructivas. La reacción de los socialistas catalanes -o al menos de parte de ellos- ante la posibilidad de qué el PSOE presente un recurso de inconstitucionalidad contra la cesión del 30% del IRPF a las comunidades autónomas es la última de esas lecciones. El PSC, por boca de Joaquim Nadal, dice comprender que algunas comunidades autónomas gobernadas por socialistas presenten ese recurso, pero se opone a que sea el PSOE el que lo haga. Más allá de cuáles sean sus intenciones políticas -o el nivel de su confusión-, lo cierto es que Nadal descubre con una luminosidad dolorosa uno de los principales problemas de la democracia española: la inexistencia de una razón política compartida. El nuevo sistema de financiación puede ser eficaz o ineficaz, discriminador o solidario, transitivo o no. Pero un partido político -lo que antes se llamaba, con una buena voluntad tan encantadora, un intelectual colectivo- no puede evaluar la justeza de esos términos en función del lugar desde donde hayan sido enunciados. Los socialistas, catalanes incluidos por el momento, han de decidir si ese sistema les conviene -y si lo encuentran ajustado a la ley-, y tienen que actuar en consecuencia. Sólo así evitarán que empiece a ser un lugar común lo que hoy es ya algo más que una sospecha: la inexistencia de una razón socialista válida para España. Lo contrario, asentir tácitamente a que sean los Gobiernos regionales implicados los que lleven la carga tribal de la prueba, no es sólo la institucionalización de la hipocresía política, sino algo mucho peor: la adhesión al principio nacionalista según el cual la razón -y todo lo que arrastra- no emana de los hombres, sino de los territorios.