El Gobierno y los mineros bolivianos sellan la paz social

El Gobierno de Bolivia y los trabajadores del distrito minero de Uncia, en el altiplano boliviano, firmaron el domingo por la noche (la madrugada del lunes en España) un acuerdo que ha puesto punto, pero no final, a cuatro días de graves enfrentamientos entre mineros y fuerzas de la policía y el Ejército, con un saldo de nueve muertos y un centenar de heridos de bala.Los distritos mineros de Uncia, Llallagua y Siglo XX revivieron los días aciagos de dictadura y regímenes de fuerza de las décadas pasadas cuando. Entre el jueves y el domingo, los mineros se enfrentaron con palos, piedras y dinam...

El Gobierno de Bolivia y los trabajadores del distrito minero de Uncia, en el altiplano boliviano, firmaron el domingo por la noche (la madrugada del lunes en España) un acuerdo que ha puesto punto, pero no final, a cuatro días de graves enfrentamientos entre mineros y fuerzas de la policía y el Ejército, con un saldo de nueve muertos y un centenar de heridos de bala.Los distritos mineros de Uncia, Llallagua y Siglo XX revivieron los días aciagos de dictadura y regímenes de fuerza de las décadas pasadas cuando. Entre el jueves y el domingo, los mineros se enfrentaron con palos, piedras y dinamita a centenares de policías y a los 2.000 soldados del Ejército desplazados al lugar para reabrir la mina de Capasirca.

Los trabajadores de Capasirca habían tomado la mina, ahora propiedad de la empresa canadiense Da Capo, para reclamar el pago de tributos que beneficien a la región, de donde "se ha extraído una enorme riqueza y ha quedado una también enorme pobreza que lacera y lastima a los bolivianos", según el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Juan del Granado, que junto a otros dos parlamentarios impidió que se consumara "una brutal matanza y un enfrentamiento de envergadura".

El acuerdo entre Gobierno y mineros obliga básicamente a los trabajadores a devolver la mina, el armamento y equipo que arrebataron a la policía y al Ejército durante los enfrentamientos y a aceptar la presencia de la policía en ese campamento minero de no más de 300 habitantes.

El Gobierno se comprometió a, apoyar las negociaciones entre antiguos y nuevos propietarios para solucionar los problemas laborales y ratificó el derecho de las regiones a imponer tributos y regalías aunque no aludió a ninguna gestión específica para lograr que los anteriores propietarios cumplan con este pago. El diputado Del Granado anunció que el Parlamento investigará el caso para establecer responsabilidades de "esta masacre", la tercera más grave después de las matanzas de 1942 y 1964.