Liaño: "El Cesid fecundó el óvulo del GAL"

El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño, instructor del caso Lasa-Zabala, manifestó ayer que sobre el Cesid recaen "fundadas sospechas" de que "durante un buen número de años" fue "un muy selecto club de espías" y que se le puede hacer el reproche de "haber fecundado in vitro el óvulo de los GAL". El magistrado, que impartió en el CEU San Pablo de Valencia una conferencia sobre Ley y secreto, señaló que los servicios de inteligencia constituyeron asimismo una "cantera de expertos en pinchazos telefónicos" y "una escoba de ondas radioeléctricas". "Si se quiere de ve...

El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño, instructor del caso Lasa-Zabala, manifestó ayer que sobre el Cesid recaen "fundadas sospechas" de que "durante un buen número de años" fue "un muy selecto club de espías" y que se le puede hacer el reproche de "haber fecundado in vitro el óvulo de los GAL". El magistrado, que impartió en el CEU San Pablo de Valencia una conferencia sobre Ley y secreto, señaló que los servicios de inteligencia constituyeron asimismo una "cantera de expertos en pinchazos telefónicos" y "una escoba de ondas radioeléctricas". "Si se quiere de verdad un signo de futuro para el Cesid, hay que enderezar radicalmente, sin torpes disimulos, ciertos rumbos del aparato estatal que lo estaban conduciendo al barranco de la desinformación y la confusión", señaló el magistrado.Por ello, Gómez de Liaño reclamó la "necesidad urgente" de una reconversión del Cesid , que haga de él un "instrumento de defensa nacional, sin lecturas exageradas de ese concepto ni intenciones expansivas".

Los servicios secretos, los fondos reservados y los secretos oficiales son, según el juez, instrumentos "desgraciadamente" necesarios para velar por la seguridad del Estado, siempre que su fin sea legítimo". Liaño reclamó "algún tipo de control" en estas materias, sobre todo, dijo, después de que recientemente se ha demostrado que se pueden dedicar a actuaciones "ilícitas".

El juez que investiga los asesinatos de los presuntos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala reclamó también que la facultad de decretar secretos oficiales corresponda únicamente al Consejo de Ministros y no a "cualquier ministro".