Fomento prepara una ley que facilitará la inversión privada en obras publicas

El Ministerio de Fomento presentará el próximo año una ley que regulará y facilitará las inversiones privadas en obras públicas, según anunció ayer el titular del departamento, Rafael Arias Salgado, en un foro sobre financiación privada de infraestructuras celebrado en el Casino de Madrid.La participación privada en obras públicas está muy restringida en este momento y se ciñe a la ley de autopistas, preconstitucional y extremadamente rígida-, a la que se le ha abierto una brecha con la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para 1997. En dicha ley se contempla la ampliación de 50 a 75 años...

El Ministerio de Fomento presentará el próximo año una ley que regulará y facilitará las inversiones privadas en obras públicas, según anunció ayer el titular del departamento, Rafael Arias Salgado, en un foro sobre financiación privada de infraestructuras celebrado en el Casino de Madrid.La participación privada en obras públicas está muy restringida en este momento y se ciñe a la ley de autopistas, preconstitucional y extremadamente rígida-, a la que se le ha abierto una brecha con la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para 1997. En dicha ley se contempla la ampliación de 50 a 75 años del periodo de concesión, la autorización de la titulización de su deuda (conversión de la misma en títulos negociables en el mercado), y la ampliación del objeto social de las sociedades concesionarias, entre otros asuntos.

Fomento se enfrenta a un recorte en sus presupuestos de inversiones, y a un descuento adicional de los fondos procedentes de la Unión Europea para infraestructuras si no aborda la ejecución de proyectos de carreteras y ferrocarriles. Por otro lado, necesita reducir la diferencia que separa a España en este campo de los demás países europeos, así como mantener la cartera del sector de la construcción para que no se hunda.

Fin de las autovías

El recurso a la financiación privada y la aportación de fondos procedentes de privatizaciones resuelve en parte ese dilema. El ministro considera que hay ahorro disponible, que las concesionarias de las autopistas viven un buen momento económico y las propias constructoras se muestran favorables a participar en la financiación, con tal de no ver disminuida su cartera de trabajo.En este contexto, Arias Salgado da por concluida la época de las autovías libres de peaje y considera "indigerible para el Estado" la demanda social de nuevas infraestructuras para trayectos de escaso tráfico, incluidas aquellas comprometidas por convenios con comunidades autónomas.

En este caso se encuentra el proyecto de unir mediante AVE las tres capitales vascas con Francia y la meseta. Las obras no se podrán ejecutar sin fondos comunitarios, según Arias Salgado. En los presupuestos para 1997, Fomento incluye una aportación simbólica de 100 millones de pesetas para esta conexión por alta velocidad. Esta cantidad es nimia frente a los 2.000 millones que el Gobierno vasco lleva gastados en este proyecto, que el Estado se comprometió a financiar en un 50%.

La prioridad del ministerio en infraestructuras ferroviarias se centra en el sector de las mercancías y, sobre todo, en la variante de Guadarrama. Este proyecto incluye un túnel de siete kilómetros que, en el caso de que estuviera construido a ocho años vista (por 200.000 millones de pesetas), reduciría en dos horas los trayectos en tren desde Madrid a todo el norte de la península.

El AVE en cualquiera de sus trayectos comprometidos no suscita el interés de los inversores privados. Según Arias Salgado los estudios de Fomento revelan la pasividad de la iniciativa privada en este terreno, salvo en las obras de señalización y electrificación.