Un sistema con tres garantías

El sistema aprobado ayer por el Consejo de Política Fiscal y Financiera establece tres garantías. La primera es que, en cada uno de los cinco años de vigencia, el crecimiento de los ingresos por IRPF en cada comunidad no será inferior al del incremento en todo el Estado del PIB nominal (crecimiento económico más inflación). La evolución es igual a la del sistema que caduca en 1996 para toda la financiación autonómica.La segunda es que ninguna comunidad se quedará atrás en financiación global. El Gobierno central cubrirá la diferencia cuando una comunidad no consiga un crecimiento en sus recurs...

El sistema aprobado ayer por el Consejo de Política Fiscal y Financiera establece tres garantías. La primera es que, en cada uno de los cinco años de vigencia, el crecimiento de los ingresos por IRPF en cada comunidad no será inferior al del incremento en todo el Estado del PIB nominal (crecimiento económico más inflación). La evolución es igual a la del sistema que caduca en 1996 para toda la financiación autonómica.La segunda es que ninguna comunidad se quedará atrás en financiación global. El Gobierno central cubrirá la diferencia cuando una comunidad no consiga un crecimiento en sus recursos igual al 90% de la media de las demás. Por ejemplo, si la media de crecimiento es el 10%, la Administración central garantiza un incremento mínimo del 9% para las comunidades que estén por debajo.

La tercera garantía es el fondo de solidaridad, una de las reivindicaciones de las comunidades pobres, en especial las dos Castillas, Andalucía y Extremadura. Este fondo empezará a funcionar cuando todas las comunidades tengan transferida la Educación. En concreto, para 1998 se establece que la financiación por habitante que percibirán todas las comunidades no podrá ser inferior al 25% de la media del conjunto. El porcentaje se subirá en 1999 al 50%; en el 2000, al 75%, y en el 2001, al 100%. La dotación presupuestaria el primer año asciende a 10.000 millones de pesetas.

Así se da, en parte y de forma progresiva, una respuesta al artículo 15 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), que obliga a que la financiación por habitante sea igual en todas las comunidades para un mismo nivel de prestación de servicios públicos. Según cálculos anteriores de la Administración, la igualación total costaría medio billón de pesetas.

Se trata de tres garantías prioritarias y excluyentes". La primera que se aplicará será la del límite mínimo del 15% del IRPF (crecimiento igual al PIB nominal) y sólo si ésta es insuficiente entrarán en funcionamiento las dos posteriores. Por último, el Gobierno se compromete también a descongelar en los Presupuestos del Estado para 1997 el llamado Fondo de Compensación Interterritorial, que se mantiene inalterado desde 1993 en 128.800 millones.

Con todas estas cautelas, la financiación de cada comunidad con el nuevo sistema se desglosa así: tributos cedidos (patrimonio, sucesiones, transmisiones patrimoniales), tasas, el 15% del IRPF (en la tarifa), otro 15% del IRPF (sobre la recaudación) y aportación directa del Estado, que varía en cada caso. Todo lo que no es IRPF y tributos cedidos aumentará cada año en función de "una cesta de tributos" y no del PIB nominal.