La Ley de Secretos socialista se "perdió" entre La Moncloa y el Congreso
El Gobierno socialista aprobó el 27 de julio de 1990 el anteproyecto de Ley de Secretos Oficiales. Así se anunció públicamente, por lo menos, al término del Consejo de Ministros.En teoría, se cumplía así el compromiso adquirido ante el Congreso el 12 de marzo de ese año, a instancias del Grupo Popular, de reformar la Ley de Secretos Oficiales durante el entonces vigente período de sesiones.
Sin embargo, el anteproyecto socialista nunca llegó a las Cortes. Se perdió entre La Moncloa y la Carrera de San Jerónimo. Decayó, junto a los proyectos que entonces se estaban tramitando en e...
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El Gobierno socialista aprobó el 27 de julio de 1990 el anteproyecto de Ley de Secretos Oficiales. Así se anunció públicamente, por lo menos, al término del Consejo de Ministros.En teoría, se cumplía así el compromiso adquirido ante el Congreso el 12 de marzo de ese año, a instancias del Grupo Popular, de reformar la Ley de Secretos Oficiales durante el entonces vigente período de sesiones.
Sin embargo, el anteproyecto socialista nunca llegó a las Cortes. Se perdió entre La Moncloa y la Carrera de San Jerónimo. Decayó, junto a los proyectos que entonces se estaban tramitando en el Parlamento, cuando fue disuelto en 1993, aunque no se había llegado a poner en marcha.
La causa de que el proyecto fantasma nunca viera la luz radica en que el Gobierno no sabía como resolver la relación entre los jueces y los secretos de Estado. En aquella época no se había suscitado aún el conflicto por los papeles del Cesid, pero sí existía una polémica por el empeño del juez Baltasar Garzón en investigar la relación entre los fondos reservados del Ministerio del Interior y las andanzas de los policías Amedo y Domínguez.
No fue hasta diciembre de 1995 cuando el Gobierno del PSOE tuvo en su poder una sentencia que le reconocía la potestad exclusiva para desclasificar documentos y para entregarlos o no al juez. Era el fallo del Tribunal de Conflictos a propósito del contencioso entre el ministro Gustavo Suárez Pertierra y, de nuevo, el juez Garzón.
A partir de ese momento, el Gobierno socialista ya podía hacer una Ley de Secretos Oficiales. Pero no le dio tiempo.