La seguridad del Estado "es la de todos los españoles", según el Ejecutivo

El Consejo de Ministros del pasado 2 de agosto decidió, según se ha comunicado a los jueces que la solicitaron, que "no procede" la desclasificación de los documentos del Cesid ya que "afectan a la seguridad del Estado, que es la de todos los españoles, cuyos intereses han sido muy principalmente tenidos en cuenta".El escrito del Gobierno, que se apoya en el dictamen que emitió en julio pasado el Consejo de Estado; argumenta que la desclasificación de los papeles, "en el contexto de una investigación sumarial, con objeto de su posible utilización con fines probatorios, por exigencia de los pri...

El Consejo de Ministros del pasado 2 de agosto decidió, según se ha comunicado a los jueces que la solicitaron, que "no procede" la desclasificación de los documentos del Cesid ya que "afectan a la seguridad del Estado, que es la de todos los españoles, cuyos intereses han sido muy principalmente tenidos en cuenta".El escrito del Gobierno, que se apoya en el dictamen que emitió en julio pasado el Consejo de Estado; argumenta que la desclasificación de los papeles, "en el contexto de una investigación sumarial, con objeto de su posible utilización con fines probatorios, por exigencia de los principios procesales de contradicción y publicidad, puede llevar a su general divulgación, lo que es incompatible con el secreto necesario y legalmente previsto de las materias que afectan a la seguridad del Estado".

El Consejo de Ministros considera, además, que la divulgación de los documentos supondría "un inadmisible deterioro del crédito de España en sus relaciones exteriores, y en particular del intercambio de inteligencia o información clasificada con nuestros aliados o amigos".

Finalmente, se "pondría en peligro la eficacia, las fuentes de información, los medios y los procedimientos operativos del Cesid, así como la integridad física y hasta la vida de quienes son, o fueron, agentes operativos del mismo, o de sus familiares y allegados".Por otra parte, el abogado Jorge Argote, defensor del general Enrique Rodríguez Galindo y de los demás procesados en el caso Lasa-Zabala, anunció ayer que pedirá al fiscal general del Estado y a los fiscales jefes de la Audiencia Nacional, de Madrid y de San Sebastián que reclamen a los jueces que tengan documentos del Cesid que los devuelvan al servicio secreto, informa Efe.

El letrado, que ha tomado esta decisión tras conocerse oficialmente el acuerdo del Consejo de Ministros, basará su solicitud en la vigente Ley de Secretos Oficiales, que obliga al personal de la Administración a entregar de inmediato a la autoridad competente cualquier información clasificada que caiga en sus manos.