Ahora mueve Samper

TAL COMO, estaba previsto, Ernesto Samper no será juzgado ni penal ni políticamente por la entrada de fondos del narcotráfico en la campaña electoral que le llevó a la presidencia de Colombia. Pero esa decisión de la Cámara ni mucho menos pone fin al escándalo que ha rodeado el mandato de Samper desde sus comienzos. Todo el mundo admite, presidente incluido, que hubo dinero manchado, por lo que la defensa de Samper ha consistido, en asegurar ignorancia del hecho y presentar una ejecutoria de combate contra la plaga del narcotráfico como prueba de lo inconcebible de la acusación.La argum...

TAL COMO, estaba previsto, Ernesto Samper no será juzgado ni penal ni políticamente por la entrada de fondos del narcotráfico en la campaña electoral que le llevó a la presidencia de Colombia. Pero esa decisión de la Cámara ni mucho menos pone fin al escándalo que ha rodeado el mandato de Samper desde sus comienzos. Todo el mundo admite, presidente incluido, que hubo dinero manchado, por lo que la defensa de Samper ha consistido, en asegurar ignorancia del hecho y presentar una ejecutoria de combate contra la plaga del narcotráfico como prueba de lo inconcebible de la acusación.La argumentación en la que se han apoyado los parlamentarios que le han exonerado de toda responsabilidad penal o política es que no se ha podido presentar ninguna prueba documental que demostrara el conocimiento de la trama económica por parte de Samper. Los diputados han considerado insuficiente el que destacados colaboradores del presidente, como su propio tesorero de campaña, el ex ministro de Defensa Fernando Botero -hoy en prisión-, hayan acusado a Samper de conocer y aceptar las transfusiones económicas de la droga.

Nos encontramos, por tanto, ante una decisión partidista -el partido liberal tiene amplia mayoría en la Cámara-, qué responde también a mecanismos de autodefensa, puesto que unos cuantos diputados se hallan también acusados de delitos relacionados con el narcotráfico.

Liberado de culpa, Samper tiene ahora ante sí diversas alternativas. Tratar de formar un cierto Gobierno de unidad nacional, con la participación del sector liberal que él encabeza -puesto que los gaviristas, grupo al que pertenece el vicepresidente y embajador en España, Humberto de la Calle, no estarían posiblemente encantados de acudir a esa convocatoria- más algunos conservadores afectos, y tratar de recuperar legitimidad ante la opinión.

Otra salida, complementaria de la anterior, pasaría por la convocatoria de un plebiscito sobre su continuidad, con el mismo fin de reconstruir un mandato francamente maltrecho. Samper podría incluso ganar esa consulta jugando la carta nacionalista de que él es el presidente que no quiere Estados Unidos, pero es evidente que una iniciativa de tipo plebiscitario dejaría al país aún más seccionado, y con una herida por sanar tan o más grave que la ocasionada por el presente escándalo.

Y, finalmente, queda la posibilidad de que el presidente decida, ya sin culpa formal por la que responder, renunciar ante la evidencia de que su mandato está ya irremediablemente tocado, que Washington jamás aceptará una eventual nueva legitimidad, como ya demostró en. marzo al retirar el certificado de buena conducta antidroga a Colombia, y que el daño a la política y la economía del país no ha hecho más que comenzar. Así, una vez aclarado que el presidente no se aferra al sillón, incluso se hallaría en mejores condiciones de defender un mandato en el que no han faltado éxitos aparentes en la persecución y detención de barones del narcotráfico.

La decisión que ha de tomar Samper es extremadamente grave para el futuro de Colombia, sobre todo si, como dice, se siente víctima de una conjura. Ni continuidad ni renuncia, lamentablemente, van a sacar al país del atolladero de imagen internacional y depauperada realidad nacional en que se encuentra. Se trataría, por patriotismo, de decidir cuál de esos cursos de acción es el menos doloroso para Colombia.