Alegato contra Roldán

LAS CORRERÍAS acusatorias de Luis Roldán por los juzgados -ayer, ante Eduardo Móner, en el Supremo, en un nuevo intento de implicar a Felipe González y a otros miembros del anterior Gobierno socialista en el caso GAL- se han multiplicado a medida que la justicia ha ido concretando los cargos de enriquecimiento ilícito que pesan contra él. El que fuera director general de la Guardia Civil entre 1986 y 1993 ya tiene de qué defenderse tras el alegato elaborado por el fiscal sobre su presunta actuación delictiva en el ejercicio de sus funciones.En el escrito de acusación elevado a la Audiencia Pro...

LAS CORRERÍAS acusatorias de Luis Roldán por los juzgados -ayer, ante Eduardo Móner, en el Supremo, en un nuevo intento de implicar a Felipe González y a otros miembros del anterior Gobierno socialista en el caso GAL- se han multiplicado a medida que la justicia ha ido concretando los cargos de enriquecimiento ilícito que pesan contra él. El que fuera director general de la Guardia Civil entre 1986 y 1993 ya tiene de qué defenderse tras el alegato elaborado por el fiscal sobre su presunta actuación delictiva en el ejercicio de sus funciones.En el escrito de acusación elevado a la Audiencia Provincial de Madrid, el fiscal concreta delitos, cuantifica daños y determina penas, al tiempo que hace un clarificador relato de los mecanismos ideados por Roldán para desviar en provecho propio fondos reservados, extorsionar empresas contratistas con comisiones ilegales a cambio de adjudicación de, obras y ocultar el patrimonio ilícitamente acumulado. El fiscal coincide básicamente en sus conclusiones con el auto dictado por la juez de instrucción hace cinco meses al concluir el sumario.

Roldán debe comparecer a juicio antes de febrero de 1997 si se quiere evitar el riesgo de una nueva fuga al cumplir el tiempo legal máximo de prisión preventiva. El antiguo director general de la Guardia Civil tendrá que responder ante la justicia de haberse apropiado de más de 3.500 millones de pesetas en concepto de comisiones ilegales y fondos reservados y de haber defraudado a Hacienda cerca de otros mil millones. Un expolio al Estado y a empresas contratistas que el fiscal vincula a una cadena de actuaciones delictivas que van desde la estafa al cohecho, pasando por la malversación. Por todo ello, el fiscal pide para él penas de 32 años de cárcel y 29 de inhabilitación. Roldán ya tiene en qué pensar de aquí al día del juicio. Los hechos por los se le abrió procedimiento han pasado a ser cargos concretos en manos del fiscal. Nada de esto le impide, desde luego, declarar en otros sumarios y acusar a todos sus jefes políticos, incluido el ex presidente González, pero no parece, en principio, que su sola palabra sea prueba suficiente.