Bruselas propone recortar las ayudas al país que no acceda al euro e incumpla el déficit

Los países cuyas monedas no accedan al euro e incumplan la política de convergencia -especialmente el techo máximo permitido para el déficit público- verán peligrar todas las ayudas estructurales que reciben del presupuesto comunitario. Así lo propone la Comisión Europea en un documento confidencial aprobado ayer, que presentará al Consejo de ministros de Economía y Hacienda (Ecofin) el próximo lunes. Es un enorme salto en la labor policial sobre la convergencia: hasta ahora, las posibles multas sólo podían afectar a España, Grecia y Portugal.

Por vez primera aparece en un texto oficial...

Los países cuyas monedas no accedan al euro e incumplan la política de convergencia -especialmente el techo máximo permitido para el déficit público- verán peligrar todas las ayudas estructurales que reciben del presupuesto comunitario. Así lo propone la Comisión Europea en un documento confidencial aprobado ayer, que presentará al Consejo de ministros de Economía y Hacienda (Ecofin) el próximo lunes. Es un enorme salto en la labor policial sobre la convergencia: hasta ahora, las posibles multas sólo podían afectar a España, Grecia y Portugal.

Por vez primera aparece en un texto oficial la posibilidad de que se castigue a los países que no accedan al euro e incumplan sus propios programas de convergencia, denegándoles, o detrayéndoles los fondos estructurales en general. A saber, el FEDER (Desarrollo Regional), el Fondo Social y el FEOGA (agrícola), además del de cohesión. Estos fondos constituyen el plato fuerte del presupuesto comunitario.Hasta ahora, sólo tres de los doce países con "déficit excesivo", España, Portugal y Grecia, podían ser multados. Su riesgo es perder parte de las subvenciones de uno de esos fondos, el de cohesión, el único contemplado en el procedimiento actual contra los déficit públicos desbordantes. Son esos tres los únicos que hoy pueden sufrir sus rigores, pues el cuarto beneficiario de la cohesión, Irlanda, es uno de los tres estados miembro (junto con Dinarnarca y Luxemburgo) que, cumple ya los criterios de Maastricht. Si la idea de la Comisión se impone, todos se arriesgarán a ser sancionados, algo más equitativo, pero también más duro porque afecta al corazón de las políticas comunitarias históricas.

Propuesta francesa

El texto de seis folios, aprobado a iniciativa del presidente, Jacques Santer, y del comisario de Asuntos Monetarios, el francés Yves-Thibault de Silguy, responde a una tradicional propuesta francesa, aunque nunca escrita. Su expresión literal parece suave: "Podrían considerarse mecanismos adicionales para promover la convergencia, que fuesen coherentes con el Tratado y compatibles con el acuerde, del mecanismo de cambios [el llamado SME-bis]. Aparte del reforzamiento de la vigilancia multilateral, se ha pedido a la Comisión [en el Ecofin informal de Veronal que estudie la. viabilidad de vincular ciertos pagos del presupuesto comunitario a los desarrollos de los, tipos de cambio reales, y que. estudie la condicionalidad macroeconómica de los Fondos Estructurales".Pese a que el lenguaje es tan abstruso como siempre, la traducción es clara: los out que no cumplan verán peligrar todas sus ayudas. Y se trata de los out (los que no accedan a la moneda única), porque para los in (los que se incorporen al euro) se prevén mecanismos, no concretados aún, que sigan la filosofía del pacto de estabilidad propuesto por el alemán Theo Waigel para aproximar el déficit presupuestario al 1% del PIB (Maastricht exige el 3%).

Ahora bien, el intenso debate producido ayer en la Comisión eliminó del documento Santer-Silguy los compromisos concretos de emprender un estudio legal sobre estas nuevas medidas de dureza y de presentar un informe completo al respecto antes del verano. Los críticos con el planteamiento francés introducido ahora en Bruselas por el comisario francés lograron también rebajar el estatuto del documento. Sus autores pretendían que adquiriese el rango de una "comunicación", que no sólo refleja la posición política del colegio de comisarios, sino que también constituye el texto base del procedimiento legislativo comunitario. Finalmente, ha quedado como "documento de trabajo" del ejecutivo.

Así, el documento queda de momento despojado de su parte más ejecutiva. Pero la novedad de que se cite la pérdida, aunque sea parcial, de los fondos estructurales (eso es lo que significa la "condicionalidad"), por vez primera en un documento oficial, es muy importante. Primero, porque sus autores volverán a la carga, intentando recuperar la parte del texto suprimida. Y segundo, porque la Comisión lo presentará el próximo lunes al Ecofin. A resultas del debate con los ministros dé Hacienda, lo completará, lo endurecerá o lo ampliará. Pocos dudan de que la música del texto -extremar la dureza para la convergencia, estableciendo un esquema de sanciones para todos los países -sintoniza con el talante mayoritario de los ecofines.

Por lo demás, el texto, aunque reconoce que el crecimiento económico "ha sido decepcionante, desde mediados de l995", es algo más optimista sobre el proceso de convergencia. Basa esa esperanza en que la inflación media de los Quince está ya claramente domeñada por debajo del 3%; en el descenso de los tipos de interés a largo plazo; en la ausencia de turbulencias monetarias y en que "todos los Estados miembros están realizando esfuerzos en pro de la consolidación fiscal", aunque éstos no basten.