Comienza a cumplirse lo pactado

Uno de los cambios convenidos, entre presos y autoridades comenzó a ejecutarse ayer mismo: 12 de los 30 internos de la fueron trasladados a otras prisiones, entre ellos varios cabecillas y Marcelo Alejandro Brandán, acusado de haber asesinado a un preso escapado de Sierra Chica por estar en desacuerdo con el motín. Brandán, de años, amenazó con matar a un rehén si el interno huido no era devuelto a la prisión. Así se hizo e inmediatamente fue liquidado.

El Gobierno bonaerense, las autoridades municipales, el obispo, miembros de organizaciones de derechos humanos, político...

Uno de los cambios convenidos, entre presos y autoridades comenzó a ejecutarse ayer mismo: 12 de los 30 internos de la fueron trasladados a otras prisiones, entre ellos varios cabecillas y Marcelo Alejandro Brandán, acusado de haber asesinado a un preso escapado de Sierra Chica por estar en desacuerdo con el motín. Brandán, de años, amenazó con matar a un rehén si el interno huido no era devuelto a la prisión. Así se hizo e inmediatamente fue liquidado.

El Gobierno bonaerense, las autoridades municipales, el obispo, miembros de organizaciones de derechos humanos, políticos de oposición intervinieron en las negociaciones con los rendidos, cuya postura secundaba la mayoría de los 10.000 internos sumados en otros penales arggentinos a la protesta. La desconfianza entre las partes, peticiones imposibles de cumplir -al obligar a cambios del Código Penal- y garantías que no satisfacían a los reclusos retrasaron la conclusión del acuerdo anunciado por el obispo de Azi Di Carcamo, cuya presencia como testigo fue reclamada por los internos: "Tengo el honor la alegría de anunciar en este domingo de Pascua que la normalidad ha vuelto a Sierra Chica".

Entre los 17 rehenes liberados hay una juez que quiso negociar "desde adentro" y fue retenida, tres pastores evangelistas y 11 funcionarios de prisiones. El Gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde vive casi la mitad de lo 35 millones de argentinos, prometió respetar la integridad física de todos los amotinados, no adoptar represalias, efectuar hasta un total de 30 traslados, promover mejoras generales en las condiciones de encarcelamiento y un efectivo cumplimiento del "dos por uno". Esa ley computa como dos cada año de prisión cumplido sin sentencia.