El Defensor del Pueblo recoge las críticas a los órganos que gestionan el agua

Obras Públicas, reconoce la maraña que paraliza a las confederaciones hidrográficas

La gestión del agua sigue sufriendo importantes defectos en España. En los últimos días se han destapado las críticas a cómo funcionan las confederaciones hidrográficas. Las organizaciones ecologistas les acusan de ser reinos de taifas con una estructura obsoleta para desarrollar las fundamentales competencias que asumen. Entre esas críticas destaca una del Defensor del Pueblo en la que, a propósito de la sobreexplotación del acuífero 23 de La Mancha, le da un rapalpolvo a la estructura y medios de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

Creadas en 1926 y adscritas al Ministerio de ...

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La gestión del agua sigue sufriendo importantes defectos en España. En los últimos días se han destapado las críticas a cómo funcionan las confederaciones hidrográficas. Las organizaciones ecologistas les acusan de ser reinos de taifas con una estructura obsoleta para desarrollar las fundamentales competencias que asumen. Entre esas críticas destaca una del Defensor del Pueblo en la que, a propósito de la sobreexplotación del acuífero 23 de La Mancha, le da un rapalpolvo a la estructura y medios de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

Creadas en 1926 y adscritas al Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (MOPTMA), las Confederaciones Hidrográficas son una de las instituciones más antiguas de la actual estructura administrativa.Para Juan Serna, portavoz del Fondo Patrimonio Natural Europeo y uno de los tres ecologistas que participan en el Consejo Nacional del Agua, "representan el mayor fracaso de la gestión del agua en nuestro país". Para Santiago Martín Barajas, presidente de la Confederación de Organizaciones de Defensa Ambiental (CODA, con 180 grupos) y también miembro del citado consejo, "son unos órganos anquilosados en el pasado, con una estructura obsoleta que no se adecúa en absoluto a las nuevas necesidades". Para 'ambos, son organismos diseñados para volcarse en realizar obras hidráulicas olvidándose del resto de la gestión del dominio público hidráulico.

De hecho, en un manual sobre ellas del MOPTMA, en el capítulo de funciones, ninguna referencia hay al medio ambiente, ni al control de vertidos y de calidad del agua. Sí se especifican otras competencias, como proyecto, construcción y explotación de las obras".

Predominio del hormigón

Ese predominio de la obra parece haber relegado a un plano muy secundario a las Comisarías de Aguas, que tienen la competencia de controlar las concesiones de aprovechamiento hidráulico, la calidad del agua y la vigilancia de vertidos. Hay coincidencia en reconocer que están infradotadas, que carecen del mínimo personal para cumplir sus funciones. "Para toda la cuenca del Guadiana tienen sólo 13 vigilantes. Las Comisarías de Aguas viven postradas. Y yo creo que con la intención de no darles más peso", señala el representante del Fondo Patrimonio Natural Europeo."Lo prioritario para las confederaciones es hacer obras, las inversiones de hormigón. Las Comisarías de Aguas no son ni siquiera un adorno", dice el. presidente de la CODA. Dos datos: Sólo hay alrededor de medio millar de guardias fluviales en toda España. Ingente labor para nada menos que 11.500 kilómetros de la red principal de ríos. O sea, un guarda por cada 23 kilómetros.

Otro dato: En 1993, sólo un tercio de los 500.000 pozos de agua que se calculaba que había en España cumplía todos los trámites de censo y autorización, según Obras Públicas.

El informe del Defensor del Pueblo lo expresa también en toda su crudeza: De los 16.000 pozos que pinchan el acuífero manchego, "exclusivamente unos 2.300 están legalizados".

Miguel Ángel Carrillo, técnico de la Subsecretaría del MOPTMA y asesor para estos temas, reconoce que las confederaciones están mal dotadas de personal, pero no cree que eso afecte sólo a las Comisarías de Aguas. Al contrario, piensa que desde que se integraron en las confederaciones en 1985, con la Ley de Aguas, ganaron peso, pues antes estaban prácticamente desahuciadas".

Acepta, eso sí, un importante fallo en la organización de estos entes, que administran las nueve cuencas hidrográficas; lo que él mismo denomina "maraña administrativa": Hasta 1990, las confederaciones estaban adscritas sólo a la Dirección General de Obras Hidráulicas. Desde ese año, pasaron a depender también de la de Calidad de las Aguas, con el inconveniente de que cada una se encuentra en Secretarías de Estado distintas. En 1993 se buscó una salida y coordinación, adscribiendo las confederaciones a la Subsecretaría del ministerio. Total: Tres cabezas. "Se ha visto que la tridependencia provoca problemas y tensiones", admiten en el MOPTMA.

Dos puntos más se han criticado a las confederaciones. Según Antonio Rovira, uno de los dos adjuntos al Defensor del Pueblo, que ha estudiado el problema del acuífero 23 de La Mancha -el que aflora en las Tablas de Daimiel-, la actual estructura de las confederaciones hidrográficas se ha mostrado ineficaz para la gestión de los acuíferos. En el dictamendel Defensor del Pueblo se reprocha también al esquema de las confederaciones la escasa participación "tanto de los usuarios como de las distintas administraciones concernidas". Extremo éste en el que no está de acuerdo el representante del MOPTMA, que explica que hay varios niveles para la participación pública.

Y un reproche más, que muestra la escasa eficacia de la actual configuración de las Confederaciones tanto para proceder al cobro del cánon de vertidos como para hacer efectivas las sanciones por contaminar. Dice el Defensor del Pueblo, respecto a la del Guadiana: "En junio de 1995 el número de expedientes vivos de la Comisaría de Aguas de esa Confederación supera los 80.000". Carrillo reconoce que seria necesaria una modificación del régimen económico-financiero de las Confederaciones, así como concederles mayor agilidad. La morosidad es significativa: En 1993 los ayuntamientos no pagaron más de la mitad de los 40.000 millones que debían a las Confederaciones, en buena parte por verter a los ríos aguas residuales sin depurar. Las empresas debían 8.000 millones.

'Papel mojado' de una ley

Las organizaciones ecologistas acusan a las Confederaciones Hidrográficas de haber dejado una buena ley, la de Aguas de 1985, en casi papel mojado, pues han frenado su desarrollo. "Son. las grandes responsables de que haya pozos clandestinos, de que se hayan destruido los valiosos bosques de galería, de que las graveras hayan cambiado el cauce de los ríos, de que haya extracciones de áridos sin autorizaciones. Porque no tienen personal para vigilar todo eso, y porque creo que tampoco les interesa, que prefieren hacer la vista gorda", dice Juan Serna, portavoz del Fondo Patrimonio Natural Europeo.Además, un nombre ha añadido más sombras sobre lo que los ecologistas consideran los reinos de taifas de las confederaciones hidrográficas: Antonio Aragón. En 1991, fue nombrado presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, tras pasar por la Consejería de Obras Públicas del Gobierno Navarro. Acabó en la cárcel el pasado diciembre por una acusación de cohecho. Se le asocia con la trama navarra del caso Roldán. Ahora se está investigando también si cobró comisiones por la construcción de la polémica presa de Itoiz (Navarra).

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