El Reino Unido, dispuesto a reformar el tratado de Roma

El vice primer ministro británico, Michael Heseltine, "lamentó" ayer en la Cámara de los Comunes la decisión del Tribunal Europeo, en respuesta a los primeros ataques procedentes de las filas tories. El Gobierno británico anunció su intención de recurrir el reparto de cuotas pesqueras en la próxima conferencia intergubernamental que se celebrará en Turín (Italia). Por su parte, tanto el responsable de Pesca, Tony Baldry, como los diputados conservadores de la zona de Cornualles, donde estaban registrados fundamentalmente los barcos españoles, coincidieron en calificar de "loca" la decisión del...

El vice primer ministro británico, Michael Heseltine, "lamentó" ayer en la Cámara de los Comunes la decisión del Tribunal Europeo, en respuesta a los primeros ataques procedentes de las filas tories. El Gobierno británico anunció su intención de recurrir el reparto de cuotas pesqueras en la próxima conferencia intergubernamental que se celebrará en Turín (Italia). Por su parte, tanto el responsable de Pesca, Tony Baldry, como los diputados conservadores de la zona de Cornualles, donde estaban registrados fundamentalmente los barcos españoles, coincidieron en calificar de "loca" la decisión del tribunal. "Estamos dispuestos a echar a los caza-cuotas, aunque para ello tengamos que reformar el Tratado [de Roma]," dijó Baldry, en Bruselas.Sin embargo, la sentencia está lejos de constituir una novedad para las autoridades británicas, ya que en 1991, el mismo tribunal ya falló en contra de la ley en entredicho, conocida como Merchant Shipping Act, que coloca una larga lista de trabas a los armadores extranjeros que quieran registrarse en el Reino Unido. Dicha ley fue la respuesta del Gobierno británico a las aspiraciones de la flota extranjera registrada en el país con la intención de beneficiarse de las cuotas otorgadas por Bruselas al país comunitario.

El centenar de armadores españoles con bandera británica no pudo cumplir las exigencias de una normativa que el tribunal europeo consideró claramente atentatoria de las normativas comunitarias que permiten a cualquier ciudadano europeo montar su empresa en cualquier país comunitario.

La sentencia de Luxemburgo no pretende usurpar la soberanía judicial británica, y deja a los tribunales del Reino Unido la decisión de si realmente la violación legal fue grave y voluntaria y, consiguientemente, es razonable la reclamación de los pescadores. Pero, en todo caso, marca el camino legal a la luz del cual habrá de pronunciarse la justicia británica.

[Por su parte, los armadores gallegos ya han anunciado que no van a perdonar "ni una libra" al Gobierno británico, según afirmó ayer Juan Carlos Díaz Carro, director general de Interpesco, una de las casi setenta empresas gallegas afectadas por la prohibición británica de faenar en sus aguas entre 1988 y 1991, informa Europa Press.]