El mapa escolar del PP valenciano pone en pie de guerra a los defensores del sistema público

El proyecto de mapa escolar, que define la red de centros hasta el próximo siglo, elaborado por la Generalitat Valenciana, ha puesto en pie de guerra a los sectores que defienden la enseñanza pública. Hoy mismo, media docena de manifestaciones recorrerán las ciudades de Valencia, Alicante y Castellón. El consejero del PP, Fernando Villalonga, dice que el documento aplica su política de considerar la escuela pública y la privada como un solo sistema. Sindicatos, partidos de izquierda y asociaciones de padres afirman que el proyecto beneficia a la privada y perjudica a la pública.

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El proyecto de mapa escolar, que define la red de centros hasta el próximo siglo, elaborado por la Generalitat Valenciana, ha puesto en pie de guerra a los sectores que defienden la enseñanza pública. Hoy mismo, media docena de manifestaciones recorrerán las ciudades de Valencia, Alicante y Castellón. El consejero del PP, Fernando Villalonga, dice que el documento aplica su política de considerar la escuela pública y la privada como un solo sistema. Sindicatos, partidos de izquierda y asociaciones de padres afirman que el proyecto beneficia a la privada y perjudica a la pública.

Si el proyecto del PP de privatización de la asistencia sanitaria, en Valencia, ha suscitado recientemente una fuerte polémica en toda España, la protesta por el nuevo mapa escolar se ha extendido en esta comunidad como un reguero desde que el 23 de enero el consejero de Cultura y Educación, Fernando Villalonga lo presentó públicamente. Entonces se abrió un periodo para que consejos escolares, asociaciones de padres, partidos, claustros de profesores o sindicatos pudieran presentar alegaciones. El documento, que define la planificación del sistema educativo valenciano hasta comienzos del siglo XXI, había sido reclamado reiteradamente. Los socialistas -en el poder durante 12 años- se retrasaron y no llegaron a someter a debate su propuesta, que quedó sobre la mesa del Consejo Escolar Valenciano en junio del año pasado, tras el relevo de Joan Lerma por Eduardo Zaplana en la presidencia de la Generalitat. Los nuevos gobernantes dibujaron otro mapa y se atrevieron a presentarlo en elecciones, entre otras cosas porque el tiempo apremia, ya que el próximo curso debe generalizarse la implantación del primer curso de la nueva educación secundaria obligatoria y hay que definir la red de centros, las plantillas de profesores y la adscripción de maestros a esta nueva etapa.El ex consejero socialista de Educación y vicesecretario general del PSPV-PSOE, Joan Romero, pidió la retirada del proyecto del PP y postuló una negociación para consensuarlo. Villalonga y otros dirigentes del PP han hecho a los socialistas responsables de la "manipulación" que, en su opinión, se esconde detrás de las concentraciones, manifestaciones y actos de protesta contra el mapa escolar que han jalonado la campaña electoral.

100 nuevos centros

El movimiento de contestación, sin embargo, es amplio y variado. Los sindicatos STEPV, CCOO y UGT, las organizaciones de estudiantes universitarios y de Enseñanzas Medias, la Federación de Asociaciones de Vecinos, las asociaciones de padres de alumnos y ayer incluso la federación provincial de padres de Valencia, que se había mantenido reacia, convocan o se adhieren a las manifestaciones de hoy.

En grandes cifras, el mapa propuesto por el PP se parece mucho al elaborado por los socialistas: entre 155.000 y 200.000 millones de pesetas de inversión, y construcción o transformación de más de un centenar de centros. Su diseño concreto y algunos de los criterios para realizarlo son sin embargo muy diferentes. Así, en más de 100 localidades rurales donde el proyecto socialista preveía mantener el primer ciclo de la nueva secundaria obligatoria, el PP ha optado por aplicar la LOGSE de forma estricta y lo ha suprimido, con la consecuencia de que los niños abandonarán sus pueblos a los 12 años para seguir sus estudios, y no a los 14, como ocurre ahora. Además, la disminución de unidades escolares en las zonas más despobladas ha provocado alarma. Por otra parte, el mapa escolar que propone la Generalitat trastoca completamente el peso que hoy tienen en la escuela pública y la privada, a favor de esta última, especialmente en secundaria y en el nuevo bachillerato.

De la importancia de este fenómeno, que ha movilizado en defensa de la enseñanza pública a una buena parte de la comunidad educativa, da idea el hecho de que en las 36 ciudades valencianas donde conviven la oferta pública y la privada, esta última gana 354 unidades escolares en el segundo ciclo de secundaria obligatoria y bachillerato en relación con lis que tiene actualmente en BUP y COU o primer grado de Formación Profesional, es decir, en el tramo de edad de los alumnos que va de los 15 a los 18 años. En cambio, en esas mismas ciudades, los centros públicos pierden con el mapa escolar 609 unidades. Esto produce situaciones como la de Alcoy, donde el peso en ese tramo de la privada es del 18,03% y, con el mapa escolar, pasa a ser mayoritaria, con un 55%. En la capital valenciana, el peso de la privada en lo que hoy son las Enseñanza Medias es del 33,81% y, con la propuesta de la Generalitat, pasaría al 53,63%.

Según Villalonga, el mapa escolar considera que los centros privados concertados y los públicos son un sistema único. Según los sectores educativos que hoy sacarán a la calle su protesta, el gobierno del PP convierte a la escuela pública en subsidiaria de la privada.