Sin argumentos

Al observar cómo el ministro de Educación despide a un maestro, funcionario del MEC, por negarse a realizar el servicio militar y a colaborar con el fraude social de la prestación sustitutoria, usando para ello la misma ley que Franco promulgó para expulsar de la Administración a Arangúren, Tierno y García Calvo y a otros cientos de demócratas molestos para el régimen (El PAÍS, 26 de enero de 1996), uno no puede menos que sentir la misma rabia e indignación que en aquellos tiempos de dictadura probablemente sentirían ante las árbitrariedades del dictador los qúe ahora nos gobiernan. Cuando en ...

Al observar cómo el ministro de Educación despide a un maestro, funcionario del MEC, por negarse a realizar el servicio militar y a colaborar con el fraude social de la prestación sustitutoria, usando para ello la misma ley que Franco promulgó para expulsar de la Administración a Arangúren, Tierno y García Calvo y a otros cientos de demócratas molestos para el régimen (El PAÍS, 26 de enero de 1996), uno no puede menos que sentir la misma rabia e indignación que en aquellos tiempos de dictadura probablemente sentirían ante las árbitrariedades del dictador los qúe ahora nos gobiernan. Cuando en un Estado que se dice democrático y de derecho existen decenas de miles de jóvenes y no tan jóvenes que desobedecen consciente y pacíficamente una ley que les impone penas de cárcel y de expulsión de sus trabajos es que algo grave sucede: están señalando con su actitud de desobediencia civil -la misma que mantuvo M. Luther King en los años sesenta para protestar por las leyes que discriminaban a los negros en los Estados Unidos- un profundo déficit democrático del Estado: en este caso, el anacronismo y la injusticia de una ley que obliga a los mozos a dedicar nueve meses de su vida a algo que a estas alturas de la educación y del siglo XX ya casi nadie, y mucho menos ellos, acierta a comprender.

Y uno, que como el maestro expulsado también se dedica a la docencia en un instituto, y que siguiendo los principos de Educación para la Paz que el propio ministerio expone en la LOGSE intenta inculcar a sus alumnos que la desobediencia civil es una actitud pacífica de protesta ante las injusticias, se siente muy mal por dentro. Porque frente a casos así nos quedamos sin argumentos cuando los chavales nos preguntan cómo es posible que uno de sus profesores sea expulsado por llevar a la práctica lo que le mandan enseñarles. Y porque mientras tanto miles de jóvenes, siguen sufriendo en la mili y, otros miles intentan ser introducidos con calzador, por culpa de la prestación sustitutoria, en un, mercado de trabajo con un índice de paro juvenil altísimo, ocupando puestos de trabajo reales. Uno se pregunta cuánto falta todavía para que la transición a la verdadera democracia finalice de una vez.-