El ruido de la ley

La superjuez Ana Ferrer, la mujer que ha puesto entre rejas a Luis Roldán y que hurga contra viento y marea en la extraña muerte de Susana Ruiz, ha encontrado un nuevo caso: el Instituto Profesional Salesiano, de Carabanchel Alto. La titular del Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid irrumpió el pasado 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes, en las aulas de la modesta institución religiosa, con el objetivo de verificar si el centro era una guarida de piratas informáticos. Acompañaban a la magistrada dos agentes armados del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Judicial...

La superjuez Ana Ferrer, la mujer que ha puesto entre rejas a Luis Roldán y que hurga contra viento y marea en la extraña muerte de Susana Ruiz, ha encontrado un nuevo caso: el Instituto Profesional Salesiano, de Carabanchel Alto. La titular del Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid irrumpió el pasado 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes, en las aulas de la modesta institución religiosa, con el objetivo de verificar si el centro era una guarida de piratas informáticos. Acompañaban a la magistrada dos agentes armados del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Judicial y un puñado de expertos en ordenadores. Los padres salesianos no daban crédito a tal desembarco en su colegio, dedicado a la formación profesional de 500 alumnos procedentes de la periferia dela capital. "La juez llegó prácticamente amenazando con tirar las puertas. Fue algo totalmente desproporcionado", recordaba ayer el director del centro, Javier Garralón. La incredulidad ante lo sucedido persistía en su voz. ¿Por qué les miraron debajo de la alfombra con tal ímpetu? ¿Quién había detrás?El inesperado registro fue promovido por una denuncia de la poderosa Businness Software Alliance (BSA), organización formada por los gigantes de la industria informática mundial y cuya finalidad es la erradicación de la piratería computadorizada, especialmente la reproducción ilegal de programas de ordenador. Para ello dispone de una línea telefónica abierta y gratuita que recoge denuncias anónimas. Ese fue el caso de lbs salesianos: alguien les acusó de impartir cursos con programas sin licencia. La denuncia fue revisada por los técnicos de la BSA y, acto seguido, puesta a disposición judicial. Lista para disparar.

La inspección y las posteriores actuaciones judiciales han permanecido durante un mes bajo secreto. Ayer, nada más levantarse el velo judicial y pese a que aún no se ha finalizado el informe pericial, la BSA decidió hacerlas públicas en una nota titulada "Los salesianos, intervenidos por piratería informática". El comunicado, además, informaba de otros 12 casos de registros por sorpresa.

Tanta traca informativa sentó como un tiro a los religiosos. "Esa asociación sólo tiene interés en llamar la atención. La denuncia es una calumnia sin prueba alguna. Es más, ya hemos presentado toda la documentación de las licencias al juzgado y no se ha adoptado ninguna resolución judicial en contra nuestra. Nuestro centro ni siquiera imparte cursos de informática, sino que dentro de las clases. de Electrónica trabajamos con ordenadores. Se trata de que algún día los chavales consigan trabajo", contestó el director del centro. Para este salesiano, el país ofrece casos incomparablemente más graves.