La Iglesia católica recibirá este año del Estado 19.200 millones

La Iglesia católica recibirá este año del Estado un total de 19.200 millones de pesetas, un 3,5% más que el año pasado, mientras que la ayuda pública ha crecido en torno a un 200% en los últimos 18 años, según el vicesecretario de la Conferencia Episcopal para Asuntos Económicos, Bernardo Herráez Rubio.Herráez consideró necesario, ayer en Segovia, este complemento, además de la asignación tributaría del 0,52% del IRPF, con el fin de garantizar unos ingresos mínimos a los más de 22.000 sacerdotes que prestan sus servicios religiosos en todo el territorio español. Aparte, la Iglesia se nutre del...

La Iglesia católica recibirá este año del Estado un total de 19.200 millones de pesetas, un 3,5% más que el año pasado, mientras que la ayuda pública ha crecido en torno a un 200% en los últimos 18 años, según el vicesecretario de la Conferencia Episcopal para Asuntos Económicos, Bernardo Herráez Rubio.Herráez consideró necesario, ayer en Segovia, este complemento, además de la asignación tributaría del 0,52% del IRPF, con el fin de garantizar unos ingresos mínimos a los más de 22.000 sacerdotes que prestan sus servicios religiosos en todo el territorio español. Aparte, la Iglesia se nutre del rendimiento de su patrimonio y de los donativos y limosnas de los fieles, lo que permite a los sacerdotes vivir dignamente, según Herráez.

En, una conferencia de prensa, Herráez señaló que, en la actualidad, es muy difícil que la Iglesia pueda prescindir de estas ayudas, consolidadas a través de los acuerdos entre Iglesia y Estado, porque son imprescindibles para garantizar unos ingresos mínimos a los sacerdotes que no tienen otras fuentes de financiación.

No obstante, aclaró que la Iglesia está trabajando de forma decidida para alcanzar la autofinanciación y, en su opinión, las grandes diócesis prescinden de las ayudas en las parroquias que son autosuficientes. Asimismo, añadió que la posibilidad de que la Iglesia pueda gozar de beneficios fiscales al ser declarada institución privada de interés general supone un gran alivio para su economía y a la vez la permite abrir canales de financiación a través de la Ley de Fundaciones.