O las listas o la cárcel
La inclusión de José Barrionuevo, ministro del Interior desde 1982 a 1988, en las próximas listas electorales del PSOE lleva implícito el mismo mecanismo de defensa que su inclusión en la Diputación Permamente del Congreso: mantener el caso en el Tribunal Supremo. Siguiendo la doctrina tradicionalmente aplicada por la Sala Segunda del alto tribunal y aplicada recientemente al senador del PP' José Castro Álvarez, si José Barrionuevo hubiese dejado de ser aforado tras la disolución de las Cortes, la causa estaría ahora camino de la Audiencia Nacional, donde volvería a manos del juez Baltasar Gar...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
La inclusión de José Barrionuevo, ministro del Interior desde 1982 a 1988, en las próximas listas electorales del PSOE lleva implícito el mismo mecanismo de defensa que su inclusión en la Diputación Permamente del Congreso: mantener el caso en el Tribunal Supremo. Siguiendo la doctrina tradicionalmente aplicada por la Sala Segunda del alto tribunal y aplicada recientemente al senador del PP' José Castro Álvarez, si José Barrionuevo hubiese dejado de ser aforado tras la disolución de las Cortes, la causa estaría ahora camino de la Audiencia Nacional, donde volvería a manos del juez Baltasar Garzón.Visto el tratamiento aplicado por Garzón a Rafael Vera, Julián Sancristóbal o Ricardo García Damborenea, en medios judiciales existen pocas dudas acerca de que el paradero del ex ministro a corto plazo pasaría por la prisión de Alcalá-Meco.
Archivado En
- Permisos carcelarios
- José Barrionuevo Peña
- Artefactos caseros
- Caso Segundo Marey
- Elecciones Generales 1996
- Candidaturas políticas
- GAL
- Elecciones Generales
- Terrorismo Estado
- Prisiones
- Atentados terroristas
- Beneficios penitenciarios
- Centros penitenciarios
- Elecciones
- Casos judiciales
- Régimen penitenciario
- Juicios
- Gobierno
- Grupos terroristas
- Terrorismo
- Administración Estado
- Proceso judicial
- España
- Política
- Administración pública