El fiscal pide 18 años de cárcel y 2.150 millones para un 'narco' del 'caso Nécora'

El teniente fiscal antidroga, Javier Zaragoza, ha solicitado penas de 18 años de prisión y 2.150 millones de pesetas de multa contra Luis Alberto Vargas Vera, uno de los narcotraficantes colombianos condenados en la denominada Operación Nécora, y contra Miguel González Fernández, acusado en el fraude de las facturas falsas del IVA, por su participación en el blanqueo de varios cientos de millones procedentes del narcotráfico. Estas peticiones se enmarcan en una nueva ofensiva de la Fiscalía Antidroga contra el blanqueo de capitales.

Además de Vargas y González, el fiscal pide para otros...

El teniente fiscal antidroga, Javier Zaragoza, ha solicitado penas de 18 años de prisión y 2.150 millones de pesetas de multa contra Luis Alberto Vargas Vera, uno de los narcotraficantes colombianos condenados en la denominada Operación Nécora, y contra Miguel González Fernández, acusado en el fraude de las facturas falsas del IVA, por su participación en el blanqueo de varios cientos de millones procedentes del narcotráfico. Estas peticiones se enmarcan en una nueva ofensiva de la Fiscalía Antidroga contra el blanqueo de capitales.

Además de Vargas y González, el fiscal pide para otros cinco acusados -uno de ellos, inspector de policía- penas que oscilan entre los seis años y un día de cárcel y multa de 110 millones y los 15 años y multa de 1.130 millones, por delitos de receptación (blanqueo) y delito monetario continuado.De los siete acusados, únicamente Vargas, que está cumpliendo condena se encuentra en prisión. Los demás están en libertad bajo fianza, con la obligación de presentarse los días 1 y 15 de cada mes en el juzgado, pero tres de ellos -Miguel González, José Jiménez García y María Pilar Gómez Alonso- no han acudido al juzgado desde los meses de marzo y abril, respectivamente, por lo que el fiscal ha solicitado que se adopten medidas cautelares contra ellos con el fin de asegurar su presencia en el juicio. En un primer momento, el cerebro del caso del fraude de las facturas falsas del IVA, Carlos de Juan Villa, fue investigado por su posible relación con estos hechos, pero no se encontraron pruebas de su participación.

Según la Fiscalía Antidroga, los acusados constituyeron una organización que durante 1992 y 1993 se dedicó a "la recepción e introducción en el sistema financiero legal, guiados por el propósito de darle apariencia de licitud, de elevadísimas cantidades de dinero procedentes del tráfico ilícito de estupefacientes".

Para ocultar el origen de los fondos, Miguel González y Hebe Escobar Sánchez -esposa de Vargas- , con la colaboración de José Jiménez y siguiendo las instrucciones de Vargas, a través del cual se canalizaba todo el dinero, abrieron varias cuentas en diversas entidades bancarias de Andorra. En 1992, Vargas entregó a González cantidades que sumaron unos trescientos millones, en dólares y pesetas, que éste y Jiménez ingresaron en las cuentas de Andorra. Hebe Escobar les acompañó en al menos dos ocasiones, y también un empleado de González, José Antonio Acien García.

Talones y transferencias

Desde las citadas, cuentas, González transfirió los fondos en diversas partidas, mediante talones o transferencias a varias sociedades, a través de bancos de Nueva York, Miami y Panamá. Algunas de las entidades beneficiarias, como Universe Gold Ent., SA, y Simar Joyeros Mayoristas, ya han aparecido en otras investigaciones judiciales como empresas vinculadas con actividades delictivas similares. Como Vargas ingresó en prisión el 15 de diciembre de 1992, el dinero pasó a recibirlo directamente González, que se lo entregaba a Hebe Escobar.González visitó en la cárcel a Vargas al menos en dos ocasiones, para recibir instrucciones respecto a las actividades de blanqueo. Las visitas no fueron registradas, ya que González fue acompañado por el inspector de policía José Luis García Ortega, destinado en la comisaría de Alcorcón (Madrid).

Un policía en el negocio

En mayo de 1993, Hebe Escobar se desplazó a Andorra acompañada por el policía José Luis García y su esposa, María Pilar Gómez Alonso, para retirar el dinero de las cuentas, lo que le fue impedido, pues las cuentas habían sido bloqueadas por decisión del Batlle Episcopal del Principado, como consecuencia de la comisión rogatoria remitida por el juzgado en el que se informaba de las actividades de la organización.Vargas y su esposa y el inspector García y la suya decidieron abrir un negocio de venta de ropa vaquera en Alcorcón (Madrid), financiado con 11 millones de los dos primeros, que comenzó sus actividades en abril de 1993. García y su mujer, según la fiscalía, conocían el origen ilícito de los fondos.

En el registro del chalé de Vargas-Escobar; situado en una urbanización de lujo de Las Rozas (Madrid) se encontraron fotocopias de cheques y transferencias por importe de más de un millón de dólares desde un banco de Gibraltar a otro de Nueva York y otro de Suiza.