El 'caso Monbar' sigue adelante

El juez Baltasar Garzón recibió ayer el escrito del ministro de Defensa en el que le plantea un conflicto de jurisdicción para no entregar dos documentos del Cesid requeridos por el magistrado. Garzón dio traslado al fiscal Pedro Rubira y a las partes personadas en el caso Monbar del escrito del ministro para que en 10 días se pronuncien al respecto.

El magistrado, que conversó ayer con Rubira sobre el tema, no se inhibirá en la investigación del caso Monbar y explicará a la sala de conflictos que no cabe conflicto de jurisdicción alguno, pues la competencia para inves...

El juez Baltasar Garzón recibió ayer el escrito del ministro de Defensa en el que le plantea un conflicto de jurisdicción para no entregar dos documentos del Cesid requeridos por el magistrado. Garzón dio traslado al fiscal Pedro Rubira y a las partes personadas en el caso Monbar del escrito del ministro para que en 10 días se pronuncien al respecto.

El magistrado, que conversó ayer con Rubira sobre el tema, no se inhibirá en la investigación del caso Monbar y explicará a la sala de conflictos que no cabe conflicto de jurisdicción alguno, pues la competencia para investigar asesinatos cometidos por españoles en el extranjero corresponde a la Audiencia. Nacional y el Supremo ya ha establecido que no cabe alegar secreto alguno cuando se está investigando un delito.

Aunque el conflicto quede planteado, Garzón no paralizará el proceso, sino que podrá practicar aquellas diligencias que considere imprescindibles para evitar que se eluda la acción de la justicia, que se cause grave perjuicio al interés público o se originen daños graves e irreparables.

Garzón ha acordado un examen pericial para determinar la antigüedad de la fotocopia que obra en su poder sobre la denominada acta de los GAL, y que le fue entregada el pasado mes de septiembre por el ex secretario general de los socialistas de Vizcaya, Ricardo García Damborenea.

Además, el juez ha requerido a Interior para que le informe sobre las personas que formaban el Mando Unico de la Lucha Antiterrorista entre 1983 y 1987. Esta medida es consecuencia de la última declaración de Juan Alberto Perote, ex número dos del Cesid.