ECOLOGÍA

Se aviva la campaña contra el plan gallego de incinerar la basura

Los grupos ecologistas gallegos han iniciado una campaña de recogida de firmas contra el plan de residuos urbanos de la Xunta, que prevé una inversión superior a los 36.000 millones de pesetas con el objetivo último de incinerar toda la basura urbana de la comunidad. Los ecologistas proponen la alternativa de la recogida selectiva y el reciclaje, y esperan obtener en este trimestre las 15.000 firmas necesarias para que esta opción sea debatida en el Parlamento autónomo.

(Es otro virulento capítulo de las movilizaciones en toda España -uno de los países de Europa con menor porcentaje...

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Los grupos ecologistas gallegos han iniciado una campaña de recogida de firmas contra el plan de residuos urbanos de la Xunta, que prevé una inversión superior a los 36.000 millones de pesetas con el objetivo último de incinerar toda la basura urbana de la comunidad. Los ecologistas proponen la alternativa de la recogida selectiva y el reciclaje, y esperan obtener en este trimestre las 15.000 firmas necesarias para que esta opción sea debatida en el Parlamento autónomo.

(Es otro virulento capítulo de las movilizaciones en toda España -uno de los países de Europa con menor porcentaje de incineración de basuras- contra la instalación de estas plantas, campaña encabezada por asociaciones vecinales y ecologistas como Aedenat y Greenpeace.

El plan, diseñado por la Sociedad Gallega de Medio Ambiente (Sogama), proyecta construir 32 plantas de transferencia diseminadas por todo el territorio, cuatro plantas de tratamiento (una por provincia) para convertir la basura en material combustible y una planta incineradora que se instalará en el municipio coruñés de Cerceda, junto a la central termoeléctrica de Unión Fenosa, que actualmente usa el lignito de la mina de Meirama para producir electricidad.

Los ecologistas denuncian la relación que existe entre este plan y los intereses energéticos de Unión Fenosa, que capitaliza el 49% de las acciones de Sogama (el 51% restante pertenece a la Xunta).

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