El Plan de Vivienda, un compromiso que se cumple

Sin duda, quienes leen este artículo recuerdan la incredulidad casi general con que se recibió el compromiso del partido socialista, formulado durante las elecciones municipales de 1991, de promover un plan para facilitar el acceso a 400.000 viviendas. El compromiso fue asumido plenamente por el Gobierno, que lo incorporó en un conjunto de medidas sobre política de vivienda, en el que destacaban, además, el anuncio de la modificación de la normativa sobre arrendamientos urbanos y la regulación de los fondos de inversión inmobiliaria.Cuatro años después, el balance en materia de política de viv...

Sin duda, quienes leen este artículo recuerdan la incredulidad casi general con que se recibió el compromiso del partido socialista, formulado durante las elecciones municipales de 1991, de promover un plan para facilitar el acceso a 400.000 viviendas. El compromiso fue asumido plenamente por el Gobierno, que lo incorporó en un conjunto de medidas sobre política de vivienda, en el que destacaban, además, el anuncio de la modificación de la normativa sobre arrendamientos urbanos y la regulación de los fondos de inversión inmobiliaria.Cuatro años después, el balance en materia de política de vivienda resulta positivo, sin que ello suponga que no subsistan problemas -graves en algunas ciudades-, para quienes desean ejercer su derecho constitucional al disfrute de una vivienda digna. Sin embargo, la experiencia del Plan de Vivienda 1991-1995 permite identificar mejor las razones y las posibles soluciones a dicha problemática.

A finales del pasado mes de julio, los resultados del Plan de Vivienda se situaban, para el conjunto del territorio, en el 102,1% de los objetivos esta blecidos en lo que se refiere al número de viviendas que ya han recibido financiación. Se prevé que el plan culmine, al finalizar 1995, superando dichos objetivos, a la vista de las actuaciones ya calificadas.

Por tanto, la cifra fatídica de las 400.000 viviendas -calificada en su momento, por algunas fuerzas políticas, como un engaño electoralista- se ha convertido en una cifra, en contra de los pronósticos iniciales, que va a ser superada hasta alcanzar casi las 600.000 viviendas por la evolución real.

Estos resultados suponen un salto cualitativo enorme en cuanto al número de. familias que obtienen ayudas públicas para acceder a una vivienda: en el periodo 1987-1991, la media anual no superó las 50.000, mientras que durante la vigencia del Plan de Vivienda- 1992 - 1995 se alcanzará una media anual superior a las 100.000 familias. Ello sin contar las actuaciones qué se realizan en el País Vasco y en Navarra -que por su especial régimen económico se efectúan con cargo a los presupuestos autortómicos-, ni las viviendas de promoción pública financiadas exclusivamente por las comunidades, destinadas a las familias con ingresos anuales inferiores a 1,5 veces el SMI.

En su conjunto, la acción pública estatal en materia de vivienda ha demostrado durante el último cuatrienio un dinamismo y una eficacia social muy superior al de periodos anteriores. Ello no hubiera sido posible sin el establecimiento de normas estatales que han favorecido la colaboración de las entidades de crédito y de los promotores de vivienda. Un factor clave, sin duda, ha sido la continua cooperación entre el MOPTMA y las comunidades autónomas, responsables de la gestión de la política de vivienda, desde la fase del diseño de las normas estatales, a la concreción de los compromisos en cada territorio y su posterior seguimiento.

Precisamente en esta última fase de vigencia del Plan de Vivienda hay que acentuar el principio de corresponsabilización de las administraciones, ya que varias comunidades autónomas han seguido calificando actuaciones por encima de los objetivos inicialmente previstos, y más allá de los criterios de gran flexibilidad con los que se ha desarrollado -a diferencia de los anteriores- el presente plan. Durante la última reunión de la Conferencia Sectorial de Vivienda, se acordó de hecho ralentizar el proceso de calificación de actuaciones protegibles que compete a las comunidades autónomas, ya que -aunque el Gobierno central establezca medidas transitorias en el nuevo plan, actualmente en elaboración, que permitan su financiación en 1996- debe evitarse el perjuicio para los ciudadanos por el retraso en la obtención de los correspondientes préstamos subsidiados.

Volviendo a los resultados del Plan de Vivienda, éstos han comportado un incremento de la oferta, tanto del suelo como de viviendas -nuevas y usadas- a precio asequible y han tenido un efecto inducido en la evolución de los precios de la vivienda libre.

Los datos disponibles en el MOPTMA sobre tasaciones hipotecarias, según, una muestra suficientemente representativa (más de 200.000 tasaciones en 1994), indican que, superado el periodo 1987-1991 -en el que el precio del metro cuadrado de las viviendas, a escala nacional, se incrementaba a un ritmo de un 19,5% de media anual- se produjo una inflexión a partir del año 1992. Así, se ha registrado un descenso del precio medio del metro cuadrado de vivienda usada, situándose en el tercer trimestre de 1994 en un nivel un 7,3% más bajo que en igual periodo de 1991.

El comportamiento del precio de la vivienda de nueva construcción ha sido análogo: aumentó las 68.609 a 139.977 pesetas / metro cuadrado en el periodo 1987-1991 disminuyendo hasta situarse en 1994 en 121.393 pesetas / metro cuadrado. Si se comparan los datos del último trimestre del pasado año con los correspondientes al último trimestre de 1991, el descenso de los precios ha sido de un 14,4%.

El balance del Plan de Vivienda 1992-1995 debe completarse añadiendo otras valoraciones cualitativas:

- El 90% de los beneficiarios del plan tienen ingresos anuales inferiores a 3,5 veces el salario mínimo interprofesional (3 millones de pesetas), lo que demuestra que las ayudas se han concentrado en el segmento de población más necesitada.

- La mitad de las cerca de 100.000 actuaciones financiadas en la modalidad de vivienda a precio tasado, corresponde a vivienda usada, con lo que se ha conseguido iniciar la movilización del elevado stock existente de viviendas desocupadas.

- El empleo directo generado por las actuaciones protegibles financiadas por el plan en los años 1992, 1993 y 1994 se estima del orden de 54.730 personas ocupadas el primer año y 123.150 y 146.706 puestos de trabajo ocupados respectivamente en los dos años siguientes. En 1995, la cifra superará las 150.000 personas ocupadas gracias al Plan de Vivienda.

- Estas cifras de población ocupada han contribuido a reducir significativamente las tasas de paro del sector de la construcción que, en el caso de no haber existido el plan, se hubieran situado en el 25,8% durante 1.992 y en el 36,9% y 36,6% en los años 1993 y 1994, en vez del 22,3% en 1992 y del 28,9% y 29,2% en 1993 y 1994 respectivamente.

- Los recursos financieros a bajo tipo de interés inyectados al sector inmobiliario ascenderán a finales de 1995 a cerca de 2,5 billones de pesetas. Ello ha supuesto un formidable estímulo a la recuperación del sector de la construcción, cuya crisis hubiera sido muy superior de no existir el Plan de Vivienda.

El esfuerzo público en materia de vivienda no puede considerarse, sin embargo, suficiente. Hay que seguir avanzando conforme a los dos objetivos que se fijaron en 1991: aumentar la eficacia del gasto público para favorecer el acceso a la vivienda al máximo número posible de familias con bajos ingresos, y favorecer un mejor funcionamiento del mercado inmobiliario y del mercado financiero, para aumentar el número de las viviendas disponibles -de nueva construcción o usadas- con una calidad adecuada y a un precio asequible.

A estos objetivos responden las líneas básicas del Plan de Vivienda 1996-1999, presentadas recientemente a los responsables autonómicos y sobre las que se trabaja en la actualidad para dar la máxima continuidad a una política cada vez más ambiciosa y, esperamos, más eficaz.