El grupo antirrapados pierde el 70% de sus agentes y se queda sólo con 10 policías

La unidad policial encargada de investigar las agresiones. de punkis y cabezas rapadas en la Comunidad de Madrid atraviesa horas bajas. Este servicio, denominado Grupo de Tribus Urbanas (GTU) y adscrito a la secreta Brigada de Información, ha pasado en los últimos cinco meses de tener 36 efectivos a sólo 10, de los que la mitad disfruta de vacaciones, según fuentes del Ministerio del interior. Esta reducción ha descompensado, según dichas fuentes, la correlación de fuerzas entre agentes de información y los cerca de 2.000 miembros fichados de las tribus urbanas. De hecho, los ...

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La unidad policial encargada de investigar las agresiones. de punkis y cabezas rapadas en la Comunidad de Madrid atraviesa horas bajas. Este servicio, denominado Grupo de Tribus Urbanas (GTU) y adscrito a la secreta Brigada de Información, ha pasado en los últimos cinco meses de tener 36 efectivos a sólo 10, de los que la mitad disfruta de vacaciones, según fuentes del Ministerio del interior. Esta reducción ha descompensado, según dichas fuentes, la correlación de fuerzas entre agentes de información y los cerca de 2.000 miembros fichados de las tribus urbanas. De hecho, los rapados por sí solos suman más de 600 en la región y en el último mes han cometido una agresión cada dos días, es decir, que han aumentado sus ataques en un 25% respecto a la media del primer semestre, cifra que se dispara hasta el 500% en el caso, de los punkis, que han pasado de nueve agresiones en seis meses a siete sólo en julio. El GTU, además, ha perdido desde marzo la capacidad para practicar detenciones y, registros, competencia que ha pasado a manos de las comisarías.Esta situación contrasta con los objetivos fundacionales de la unidad. El Grupo de Tribus Urbanas fue creado por la Delegación de Gobierno en diciembre de 1993. Su misión era, en palabras de la Jefatura Superior de Policía, "poner coto a una nueva modalidad delictiva: las agresiones a ciudadanos por grupos violentos". Un fenómeno cuyo imparable ascenso había desatado la alarma en la Comunidad de Madrid, especialmente tras el denominado crimen de Comendadoras, una muerte que, en su día fue atribuida a los cabezas rapadas -hipótesis posteriormente rechazada por el propio GTU-. Ejemplo de esta preocupación fue la decisión del fiscal jefe de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, de pedir seis años de cárcel para cada skin detenido por uno de estos ataques.

Así las cosas, la unidad fue anunciada a bombo y platillo y pertrechada con 36 agentes. Su selección fue especialmente difícil. Tenían que ser jóvenes, estar dispuestos a trabajar los fines de semana -días de máximo auge de la violencia urbana- y prepararse para infiltrase en las más peligrosas bandas juveniles. Asimismo, se les adiestró para las tareas propias de un servicio de información, como los seguimientos y la recogida de datos.

Entre los objetivos del grupo, inicialmente dividido en dos, figuraba el análisis del fenómeno de las tribus urbanas -motivación ideología, entorno social-, así como el estudio de sus métodos, lugares de reunión e identidad.

En el terreno práctico, se trataba de investigar las denuncias de sus víctimas, detener a los autores, tramitar las diligencias y enviar a los acusados al juez.

PASA A LA PÁGINA 3

El Grupo de Tribus Urbanas ya no detiene cabezas rapadas

VIENE DE LA PÁGINA 1En el primer año de trabajo, el grupo investigó 246 denuncias, de las que 158 fueron atribuidas a tribus urbanas. Un total de 85 de estos casos, el 54%, quedó esclarecido, porcentaje que superaba ampliamente la cifra, del 20% de denuncias. resueltas lograda por la policía en la Comunidad de Madrid. Esta tasa de éxito, convirtió a la unidad en una de las bazas de la Delegación del Gobierno en su lucha contra las agresiones rapadas.

En marzo Pasado, sin embargo, la reorganización de los servicios del Cuerpo Nacional de Policía alcanzó al GTU. El cambio implicó la pérdida de competencias operativas por parte de la Brigada de Información, que se quedaba con la tarea de captar y analizar datos, mientras que la explotación práctica de los mismos era asignada a la Policía Judicial.

Trasladada al ámbito del Grupo de Tribus Urbanas, la reforma supuso la transferencia de las tareas de detención y registro a las comisarías de distrito, que para este trabajo, sin embargo, reciben la. información de la unidad. Este paso, según las citadas fuentes de Interior, ha causado una pérdida de eficacia, dada la sobrecarga de trabajo de los centros policiales. Junto a este cambio de competencias, la reforma abrió las puertas a la disgregación de los 36 efectivos del GTU, 26 de los cuales -un 70%- fueron destinados a otros servicios de información o bien a la Brigada Provincial de Policía Judicial, con sede en la plaza del Marqués Viudo de Pontejos.

Estos cambios han sido interpretados en ciertos sectores de Interior como una pérdida de respaldo oficial, especialmente en un momento en el que la sensibilidad social ha aumentado respecto a las agresiones de las tribus urbanas.

La Delegación del Gobierno, consultada ayer sobre los miembros del GTU, señaló que su número no es público y que sus tareas se limitan a las de información, mientras que los trabajos operativos se reparten entre las comisarías.

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