El Ayuntamiento de Zaragoza sobrepagó el suelo de la depuradora

Los terrenos donde se instaló la depuradora de aguas residuales de Zaragoza fueron comprados a unos precios superiores entre dos y tres veces a los del mercado, según la auditoría externa realizada a instancias del anterior equipo de gobierno municipal (socialista), que fue el responsable de su construcción.El examen de las cuentas refleja, sin embargo, que los más de 20.000 millones que costó la planta corresponderían al coste real de la misma. Los auditores no entran a analizar el asunto de las facturas falsas (por un importe superior a 300 millones de pesetas) abonadas, presuntamente, por l...

Los terrenos donde se instaló la depuradora de aguas residuales de Zaragoza fueron comprados a unos precios superiores entre dos y tres veces a los del mercado, según la auditoría externa realizada a instancias del anterior equipo de gobierno municipal (socialista), que fue el responsable de su construcción.El examen de las cuentas refleja, sin embargo, que los más de 20.000 millones que costó la planta corresponderían al coste real de la misma. Los auditores no entran a analizar el asunto de las facturas falsas (por un importe superior a 300 millones de pesetas) abonadas, presuntamente, por la concesionaria y que en la actualidad están siendo investigadas por los tribunales.

Varios de los talones correspondientes a facturas libradas contra la concesionaria de la planta se cobraron en un banco de Barcelona, y al menos uno de ellos fue hecho efectivo por la empresa del ex militante socialista Didac Fábregas. Este empresario había sido el encargado de realizar, además, los estudios previos para el sistema de depuración de las aguas en la capital aragonesa, por lo qué había cobrado directamente del ayuntamiento.

El análisis de estas operaciones revela que, si bien el precio final entorno a los 22.000 millones de pesetas, se considera "correcto", la forma en que se compraron los terrenos y su coste fue irregular y muy superior al existente entonces en el mercado. Los responsables socialistas de la época en que se realizó la operación justifican él sobreprecio para evitar las especulaciones.

La realización de una auditoría externa fue encargada por el anterior alcalde, el socialista Antonio González Triviño, a consecuencia de las presiones ejercidas por el resto de los grupos políticos municipales.