El ex secretario de Estado queda en libertad bajo fianza de 200 millones de pesetas

, Rafael Vera, ex secretario de Estado para la Seguridad, cometió presuntamente "un gravísimo ataque al sistema constitucional" con su implicación en e1 caso GAL, según el auto Hecho público ayer por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Aun así, se le ha permitido salir en libertad bajo fianza de 200 millones, debido a que, según los magistrados, no tiene antecedentes, no parece que vaya a. escaparse, ya no puede disponer de fondos reservados para fines inconstitucionales y no puede seguir obstruyendo la investigación. Vera tendrá que presentarse semanalmente ante la Policía Judic...

, Rafael Vera, ex secretario de Estado para la Seguridad, cometió presuntamente "un gravísimo ataque al sistema constitucional" con su implicación en e1 caso GAL, según el auto Hecho público ayer por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Aun así, se le ha permitido salir en libertad bajo fianza de 200 millones, debido a que, según los magistrados, no tiene antecedentes, no parece que vaya a. escaparse, ya no puede disponer de fondos reservados para fines inconstitucionales y no puede seguir obstruyendo la investigación. Vera tendrá que presentarse semanalmente ante la Policía Judicial y tiene prohibido viajar al extranjero. Al salir de la prisión dijo que en sus 11 años en la lucha antiterrorista sólo ha defendido la Constitución.La resolución de la Audiencia Nacional confirma el procesamiento le Vera y califica su conducta de gravísimo ataque al sistema constitucional: "El segundo alto cargo de la Seguridad del Estado trataba de impedir, utilizando dinero público, que los órganos jurisdiccionales cumplieran eficazmente las funciones que les atribuye el articulo 117 de la Constitución, esto es, que obstruyó la acción de la Justicia. El auto añade que esa faceta de la conducta de Vera se prolongó hasta que cesó en su cargo, en enero de 1994.

El tribunal, cuyo ponente ha sido el presidente de la sala, Siro García señala en su resolución que debe concluirse que tanto la prisión provisional como el procesamiento dictado por Garzón están ajustados a la legalidad.

No obstante, los magistrados consideran que, a pesar de la edad de los delitos que se imputan al ex secretario de Estado, "no parece que la alarma constitucional requiera, en este tiempo, que se mantenga la prisión". El texto judicial detalla que Vera carece de antecedentes penales, que "no se escondió corporalmente cuando le -ondaba públicamente la posibililad de ser aprehendido" y que, destituido del cargo, "ha perdido la posibilidad de disponer en primera persona de los fondos del Estado para fines inconstitucionales".

Otro de los argumentos utilizados por los magistrados es que, cuando fue decretada la prisión provisional de Vera, éste aún conservaba una alta capacidad de seguir obstruyendo la investígación de su conducta y de los GAL. El tribunal estima, sinbargo, que en el presente momento no se alcanza a saber que subsista tan peligrosa aptitud".

Garzón admite el aval.

La sala valora también que el fiscal fue proclive a la libertad bajo fianza de Vera, pero finalmente concluye que la gravedad del delito y el rango del procesado exigen una fianza, en metálico, de 200 millones de pesetas. No obstante, a las 14.30 horas el juez Baltasar Garzón admitió la presentac:ión de un aval bancario por esa cantidad, que fue depositado por Francisco Fernández Marugán y Francisco Virseda en nombre del PSOE, lo que hizo posible la libertad de Vera dos horas más tarde. El tribunal impuso también al ex secretario de estado la obligación de personarse todas las semanas ante la policía Judicial y le prohibió salir de España.El procesamiento de Vera ha sido confirmado en todos sus extremos, por lo que el ex alto cargo deberá afrontar además otra fianza de 435 millones por responsabilidad civil fijada en el auto confirmado. La resolución firma que los indicios del sumario son consistentes y que el procesamiento no solo esta basado en las declaraciones de los ex policías José Amedo y Michel Domínguez. Agrega que, aunque es cierto que ambos ex agentes mintieron anteriormente, las nuevas versiones que han ofrecido han sido corroboradas. En cuanto al secuestro de Segundo Marey, la sala precisa que Vera, por su cargo público, era garante del derecho a la libertad del secuestrado, por lo que su intervención en los hechos podría ser considerada una comisión del delito -aún no prescrito- por omisión.

Sobre las malversaciones de caudales públicos, el auto destaca que es obvio que el hecho de que a un dinero se le llame "fondos reservados" no legitima que se le dé cualquier destino. Y añade que la alegación de que Vera desconocía el destino final de las partidas no está apoyada en el sumario. Respecto de los delitos monetarios, el auto también los confirma, subrayando que las sentencias del Tribunal Constitucional que hacen referencia a estos hechos afectan a movimientos de dinero entre países de la Unión Europea, pero no entre países de fuera de ella, como Suiza.

La decisión del tribunal ha sido considerada en fuentes jurídicas como un primer paso para que puedan salir de la cárcel los otros dos procesados por el caso GAL que aún permanecen en prisión preventiva, el ex director general de Seguridad Julián Sancristóbal y el ex jefe superior de Policía de Bilbao Miguel Planchuelo. El abogado de la acción popular en el caso GAL, José Luis Galán, calificó de "lamentable" la decisión de la sala porque, dice, subsiste el peligro de que Vera se fugue y opina que sus delitos provocan más alarma, social que los cometidos por Roldán.