La detención por fraude de un empresario vinícola salpica a la Xunta

El vino y la política han estado tan mezclados en la provincia de Orense que el pasado martes, cuando un juez ordenó el encarcelamiento de Manuel Vázquez Pérez -Arnoia, como es conocido populamente- un escalofrío recorrió algunos despachos oficiales. Vázquez es el mayor empresario de la comarca vinícola de Ribeiro y mantiene estrechas relaciones con el PP gallego. Beneficiado con una subvención de 330 millones, estuvo 72 horas en la cárcel acusado de varios delitos por las actividades de su bodega.

Los adversarios políticos del PP se han apresurado a desempolvar las fotografías de Arnoi...

El vino y la política han estado tan mezclados en la provincia de Orense que el pasado martes, cuando un juez ordenó el encarcelamiento de Manuel Vázquez Pérez -Arnoia, como es conocido populamente- un escalofrío recorrió algunos despachos oficiales. Vázquez es el mayor empresario de la comarca vinícola de Ribeiro y mantiene estrechas relaciones con el PP gallego. Beneficiado con una subvención de 330 millones, estuvo 72 horas en la cárcel acusado de varios delitos por las actividades de su bodega.

Los adversarios políticos del PP se han apresurado a desempolvar las fotografías de Arnoia junto a Manuel Fraga en actos electorales, sus estrechas relaciones con altos dirigentes populares y, sobre todo, una subvención de 330 millones de pesetas concedida por la Xunta a su bodega, cuyo destino ha sido un misterio.Arnoia era uno de los hombres más poderosos de Orense, y no es de extrañar el estupor que causó la decisión del juez Olegario Somoza de encarcelarle preventivamente. Más aún cuando el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribeiro, Antonio Lorenzo, ex alcalde popular de Ribadavia, ha tenido que dimitir al quedar en libertad condicional por su implicación en el mismo sumario.

Los socialistas ya han pedido que se convoque la Diputación Permanente del Parlamento autónomo para que Fraga explique las ayudas oficiales concedidas a la bodega de Amoia.

Vázquez no sólo se distinguió en las últimas elecciones autonómicas por su apoyo público a las candidaturas populares, sino que fue socio durante algún tiempo, en la bodega de la discordia del nuevo alcalde de Orense y diputado nacional Manuel Cabezas. Cuando el empresario abandonó el pasado viernes la prisión provincial de Pereiro de Agular con lágrimas en los ojos, le estaban esperando para consolarle Jorge Bermello, también teniente de alcalde orensano, y José Posada, ex eurodiputado de Coalición Galega.

El sumario judicial se abrió después de que la policía inmovilizase en octubre del año pasado, a raíz de una denuncia del sindicato Unións Agrarias, más de 50.000 botellas de vino Fin de Siglo que tenían falsificadas las contraetiquetas con denominación de origen. Las investigaciones posteriores parecen confirmar la sospecha inicial: que la bodega vendía como vino ribeiro un producto que no lo era.

¿Qué pasó con la subvención de 330 millones concedida por la Xunta a la bodega en 1992 para que se hiciese cargo de las existencias de uva que almacenaban los cosecheros de Ribeiro? "Todo indica que el Gobierno gallego ha subvencionado el fraude", aventura Miguel Cortizo, portavoz socialista en el Parlamento autónomo.

La Xunta encargó, en diciembre pasado, una auditoría sobre las cuentas de la bodega, cuyos resultados no se han hecho públicos. Tan pronto como se conoció el encarcelamiento de Vázquez, el Gobierno autónomo se cubrió las espaldas anunciando que le reclamará la devolución de la ayuda.

Rechazada una investigación

El PSOE venia asegurando desde hace más de un ano que la subvención se había otorgado sin que mediase una convocatoria formal. Cuando se descubrió el fraude, pidió que una comisión del Parlamento autónomo investigase el destino dado al dinero público. Pero el PP la vetó.

La presunta implicación del presidente del Consejo Regulador del Ribeiro, Antonio Lorenzo, sitúa en posición delicada a la Consejería de Agricultura, que en las últimas elecciones entre los cosecheros puso todos los medios a su alcance para derrocar al anterior responsable del organismo, el ahora senador socialista Luis Milia.

La bodega Fin de Siglo atribuye sus problemas a una supuesta venganza de Milia, y le ha respondido con la misma moneda. El día que Vázquez fue encarcelado, sus abogados denunciaron a Milia bajo la acusación de haber consentido un fraude similar durante su etapa al frente del consejo regulador.