Del sillón a la celda

EL CASO del sillón le ha costado al ex presidente de Aragón José Marco una sentencia de trece meses de prisión y seis años de inhabilitación. Lo que empezó siendo una batería de acusaciones de un empresario despechado por no obtener la contrata para amueblar un edificio oficial del Gobierno de Aragón ha terminado convirtiéndose en una más de las facturas que están pagando los socialistas en su vía crucis por los casos de corrupción protagonizados, por algunos de sus dirigentes. A Marco le cabe aún el recurso ante elSu remo, que ya ha anunciado, pero el fallo formulado por la Audiencia de Zarag...

EL CASO del sillón le ha costado al ex presidente de Aragón José Marco una sentencia de trece meses de prisión y seis años de inhabilitación. Lo que empezó siendo una batería de acusaciones de un empresario despechado por no obtener la contrata para amueblar un edificio oficial del Gobierno de Aragón ha terminado convirtiéndose en una más de las facturas que están pagando los socialistas en su vía crucis por los casos de corrupción protagonizados, por algunos de sus dirigentes. A Marco le cabe aún el recurso ante elSu remo, que ya ha anunciado, pero el fallo formulado por la Audiencia de Zaragoza deja pocas dudas sobre la culpabilidad del ex presidente aragonés.Marco ordenó instalar un sillón en, su casa, hizo que se pagara con dinero de la Diputación Provincial de Zaragoza (institución que presidía cuando ocurrieron los hechos en 1990) y que para ello se falsificara un documento mercantil y otro oficial. La escasa cuantía del asunto, algo menos de ochenta mil pesetas, no le resta gravedad. Cualitativamente, apenas se diferencia de poner todo un gobierno municipal al servicio de un constructor particular (caso de la construcción de Burgos) o de utilizar los dineros públicos en campañas políticas personales (caso de Hormaechea).

Marco se libra, de momento, de ingresar en prisión. Pero la contundencia de su condena pone en su sitio a quienes se valen de su poder público para satisfacer sus intereses personales. En este caso, unas decenas de miles de pesetas han servido para recordar que ni ética ni legalmente es admisible beneficiarse ni siquiera mínimamente con el dinero que se administra en nombre de la comunidad.