Un empresario debe pagar cinco millones por intoxicar a un niño con aluminio
El empresario barcelonés Josep, Romero ha sido condenado, por el juzgado de lo Penal de Lleida, apagar una multa de 100.000 pesetas por una falta de imprudencia con infracción de reglamento que causó una grave intoxicación de aluminio a un niño de Agramunt. El empresario deberá indemnizar a los padres del niño en más de cinco millones de pesetas por las secuelas y los días que estuvo hospitalizado.El acusado instaló, en el verano de 1989, una empresa dedicada al reciclaje de papel de aluminio en el polígono industrial de Agramunt y la puso en funcionamiento sin disponer de los permisos corresp...
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El empresario barcelonés Josep, Romero ha sido condenado, por el juzgado de lo Penal de Lleida, apagar una multa de 100.000 pesetas por una falta de imprudencia con infracción de reglamento que causó una grave intoxicación de aluminio a un niño de Agramunt. El empresario deberá indemnizar a los padres del niño en más de cinco millones de pesetas por las secuelas y los días que estuvo hospitalizado.El acusado instaló, en el verano de 1989, una empresa dedicada al reciclaje de papel de aluminio en el polígono industrial de Agramunt y la puso en funcionamiento sin disponer de los permisos correspondientes.
Durante el período de pruebas, la fundición emitió cantidad de humos tóxicos que afectaron gravemente al niño de 4 años, Josep Cases, que vivía en una urbanización situada a unos 50 metros de la industria. Su hermana de dos años también resultó afectada, pero sólo tuvo que ser hospitalizado el niño, a quien se le detectó un nivel de aluminio en la sangre de 40,9 microgramos, una cifra superior a la normal. Los síntomas en los niños fueron detectados a las pocas semanas de iniciarse las emanaciones de la empresa, situada junto a la casa de las víctimas.
Como consecuencia de estas emanaciones el niño sufrió lesiones cerebrales, según declaró en el juicio un facultativo de la residencia Vall d'Hebron de Barcelona que atendió al menor.
En la vista oral, la acusación particular solicitó una pena de dos años y cuatro meses de cárcel para el empresario por un delito contra la salud pública y una indemnización de 10 millones de pesetas, mientras que el fiscal pidió tres meses de arresto por un delito de imprudencia temeraria con resultado de lesiones.