Indultar al torturador

EL GOBIERNO ha vuelto a indultar a dos guardias civiles condenados por torturas a un detenido. La tortura es un delito repugnante donde los haya por la situación de superioridad de la que goza el torturador. Ejercer violencia reiterada y premeditada sobre una persona indefensa es un crimen que define a su autor. Pero es, además, un gravísimo atentado contra el Estado de derecho que éste no puede dejar impune. Porque si toda actitud delictiva o deshonrosa de un representante del Estado le causa a éste perjuicio, la tortura quiebra la imprescindible confianza entre los ciudadanos y las fuerzas d...

EL GOBIERNO ha vuelto a indultar a dos guardias civiles condenados por torturas a un detenido. La tortura es un delito repugnante donde los haya por la situación de superioridad de la que goza el torturador. Ejercer violencia reiterada y premeditada sobre una persona indefensa es un crimen que define a su autor. Pero es, además, un gravísimo atentado contra el Estado de derecho que éste no puede dejar impune. Porque si toda actitud delictiva o deshonrosa de un representante del Estado le causa a éste perjuicio, la tortura quiebra la imprescindible confianza entre los ciudadanos y las fuerzas de seguridad.Por todo ello resulta indignante que, a propuesta del ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, el Consejo de Ministros haya indultado a dos guardias civiles, Manuel Barroso y José Domínguez, condenados por torturas en sentencia firme.. El indulto es una facultad discrecional del poder, pero no arbitraria. Para ser legítimo, los motivos de su concesión tienen que ser argumentables en voz alta. Y éste no es el caso. Porque si bien ningún Estado puede garantizar la desaparición total de torturas y malos tratos, la diferencia fundamental entre los democráticos y los que no lo son está en que aquéllos persiguen y condenan a quienes cometen tal delito. Esta diferencia se diluye si el poder político impide después la sanción efectiva indultando a los condenados. Este periódico hizo días atrás un balance positivo del año que Belloch lleva en tan difícil cargo. Precisamente porque en el frontispicio de Interior ha colocado el cumplimiento de la ley como primer objetivo. Eso equivale a terminar con la benevolencia que alguno de sus antecesores ha aplicado a ciertos delincuentes de uniforme cuando de torturas se trataba. Delito al que debe aplicarse la inhabilitación profesional con particular rigor, porque. constituye la negación de la función misma del policía, que es la de proteger los derechos de todos los ciudadanos.

Si los precedentes habidos -y no son pocos- de indulto a torturadores condenados son muy graves, este caso resulta poco menos que insoportable. Uno de los guardias, Domínguez, ya había sido condenado con antelación y había gozado de un indulto. Es un reincidente al que este nuevo perdón permite seguir en el cuerpo de la Guardia Civil. A la vista de sus antecedentes, cualquier ciudadano -incluso un delincuente no pierde su condición de tal- que caiga en sus manos tiene derecho a sentirse atemorizado.

Un tercer encausado en un caso similar, Enrique Dorado, será expulsado del, cuerpo porque no ha sido condenado sólo por torturas, sino también por robo en un comercio de Irún. Si no fuera por la larga trayectoria de lucha contra la tortura del magistrado Belloch, cabría deducir que el ministro considera más grave robar que torturar. No parece conveniente, desde luego, que haya ladrones en la Guardia Civil ni en 6alquier otra institución del Estado. Pero en todo caso resulta intolerable que haya torturadores.