El objetivo: acabar con el desgobierno

El desgobierno es una evidencia en la comunidad cántabra. Acabar con él, una obsesión. Juan Hormaechea (Unión para el Progreso de Cantabria, Upca), de proceso en proceso, sigue presidiéndola, pero en funciones. Condenado en octubre por el Tribunal Superior de Justicia a la pena de seis años de prisión mayor, siete de inhabilitación absoluta y siete de inhabilitación especial por, entre otros, los delitos denialversación y prevaricación -ha recurrido al Supremo, sólo se mantiene al no haber prosperado las opciones sustitutorias de José Luis Vallines (PP) o Jaime Blanco (PSOE).En realidad, el Ej...

El desgobierno es una evidencia en la comunidad cántabra. Acabar con él, una obsesión. Juan Hormaechea (Unión para el Progreso de Cantabria, Upca), de proceso en proceso, sigue presidiéndola, pero en funciones. Condenado en octubre por el Tribunal Superior de Justicia a la pena de seis años de prisión mayor, siete de inhabilitación absoluta y siete de inhabilitación especial por, entre otros, los delitos denialversación y prevaricación -ha recurrido al Supremo, sólo se mantiene al no haber prosperado las opciones sustitutorias de José Luis Vallines (PP) o Jaime Blanco (PSOE).En realidad, el Ejecutivo no tiene en la actualidad más que la mitad de los miembros con que inició, en 1991, la legislatura. Muchos consejeros dimitieron. Otro, el de Economía y Hacienda, Manuel Pérez García, ha sido inhabilitado recientemente por un fallo judicial. La situación no puede ser más penosa. La alternativa popular la encabeza José J. Martínez Sieso; la socialista, Julio Neira. Ambos temen que la dispersión del voto impida mejorarla.

Cantabria sufre un retraso de 30 años económicos respecto a Europa, según calculó hace dos el profesor Enrique Fuentes Quintana en un seminario de la Universidad Menéndez Pelayo sobre el estado de la economía regional y las posibles soluciones para acabar con la regresión. Fuentes evocó los años felices de la prosperidad, la década de los sesenta, cuando era la quinta en la clasificación española del Producto Interior Bruto (PIB) por habitante y con 20 puntos de ventaja sobre la media.

Si Fuentes Quintana analizara-hoy la situación vería a Cantabria algo más lejos aún de la ansiada aproximación al desarrollo y la riqueza de la Unión Europea. Los últimos datos sobre el valor añadido real d e la economía durante el bienio 1992-93 in

dican en esta comunidad (530.000 habitantes, el 15% de más de 65 años, y 33.245 parados) un retroceso del 0,4%.El empeoramiento de la situación, muy acusado durante 1993, parece haber cambiado tímidamente de signo en el último trimestre de 1994 con cierta disminución del número de desempleados: casi 400 en octubre, 1. 170 en noviembre y unos 1.800 en diciembre. La recuperación es lenta y no induce aún al optimismo pleno del empresariado.

Cantabria precisaría un pacto político-social, tal y como recomendaron los ponentes en el seminario de 1993. ¿Pero cómo alcanzarlo, dada la situación política reinante, con las instituciones enfrentadas entre sí y un clima de enemistad y crispación que implica a las autoridades más representativas y a los partidos políticos mayoritarios? No ha sido posible el consenso. La oposición, socialistas y regionalistas, acusan al centro-derecha de que en el último quinquenio desapareciera la quinta parte de los puestos de trabajo industriales.

Con un endeudamiento difícil de cuantificar en estos momentos, pero que acaso alcance los 62.000 millones de pesetas (la deuda bancaria se aproxima a los 42.000 y los restantes corresponden a terceros y proveedores), la Administración autonómica no pudo desempeñar el papel de locomotora mediante sus incentivos en la reactivación de la economía.

La aprobación de los presupuestos es uno de tantos sucesos que en estos últimos años han contribuido al lamentable tipismo de la cosa política. Los dé 1992 se aprobaron en la primavera siguiente; los de 1993, un año más tarde, y los de 1994, en febrero de 1995. En algunos casos, las cifras aparecieron maquilladas y con semejantes actuaciones, clama la oposición, no se pudieron ni corregir errores.

Las inversiones de la Admi nistración en materia industrial han sido casi nulas a lo largo de la última legislatura. De los 46.000 millones de presupuesto, la Diputación debe hacer frente a una disparatada nómina de funcionarios que exige entre 12.000 y 14.000 anuales.

Aunque demasiado lento para las necesidades apremiantes de la región, el avance, gracias al esfuerzo del Estado, ha sido últimamente considerable en la mejora de las comunicaciones por carretera. Se han invertido 70.000 millones en la autovía Santander-Bilbao, inaugurada a finales de marzo último y cuyas obras se financiaron con la UE, y ahora el viaje entre ambas capitales puede hacerse en 50 minutos. El acceso de Santander a la red de autopistas del Mediterráneo a través del eje del Ebro, el norte del País Vasco y Francia ha mejorado notoriamente. Mientras,. la autovía del Cantábrico se abre ahora paso hacia el enlace con Asturias.

El futuro cercano parece más despejado porque el quinquenio hasta 1999 puede arreglar muchas cosas. Se trata de beneficiarse al máximo de las ventajas del Objetivo Uno, que concede la UE y a las que podrá acogerse Cantabria. Unos 200.000 millones, cofinanciados por las administraciones central y autonómica junto a la ayuda privada, permitirán cumplir, si la normalidad política se alcanza, los grandes objetivos de la progresiva creación de empleo, la diversificación del precario tejido empresarial y una mayor competitividad.