El alcalde de Majadahonda declara por una supuesta adjudicación irregular de viviendas municipales

El alcalde de Majadahonda (37.000 habitantes), Ricardo Romero de Tejada, el Partido Popular, declaró ayer ante el Juzgado número 3 de dicha localidad por presuntos delitos de cohecho y malversación de fondos públicos por unas supuestas irregularidades cometidas en la adjudicación de viviendas municipales. La Asociación Contra la Injusticia, entidad de carácter privado, denunció al Ayuntamiento el 9 de julio de 1993 ante el Tribunal Superior de Justicia por una presunta manipulación en la concesión de las viviendas, instrucción que aún permanece abierta a instancias del ministerio fiscal.El alc...

El alcalde de Majadahonda (37.000 habitantes), Ricardo Romero de Tejada, el Partido Popular, declaró ayer ante el Juzgado número 3 de dicha localidad por presuntos delitos de cohecho y malversación de fondos públicos por unas supuestas irregularidades cometidas en la adjudicación de viviendas municipales. La Asociación Contra la Injusticia, entidad de carácter privado, denunció al Ayuntamiento el 9 de julio de 1993 ante el Tribunal Superior de Justicia por una presunta manipulación en la concesión de las viviendas, instrucción que aún permanece abierta a instancias del ministerio fiscal.El alcalde declaró ayer, durante dos horas, en estas diligencias y negó de forma rotunda las acusaciones que se le imputan como máximo responsable del Ayuntamiento. "No existió irregularidad alguna en la adjudicación, que fue autorizada por la comisión que trató este asunto". Ricardo Romero afirmó: "Si el juez declara el sobreseimiento del caso, me querellaré contra la asociación por difamación".

La presidenta de la asociación, Araceli Arias, reiteró ayer que "en la adjudicación de las viviendas no se ha seguido el baremo establecido por la comisión".

Ramón Castilla, uno de los afectados por las presuntas irregularidades, se ha personado como acusación privada en la instrucción del caso. Acusa a la directora de Servicios Sociales del Ayuntamiento, Concepción Lostau, de establecer un acuerdo con los adjudicatarios de las viviendas de la fase terminada, en el que establecía que si éstos renunciaban a la vivienda asignada, a cambio se les reservaría otra con una mejor localización en un proceso posterior". El alcalde rechazó esta acusación diciendo que "la renuncia de esta gente a las anteriores viviendas estaba debidamente justificada, ya, que sus impedimentos físicos no aconsejaban la residencia de estos compradores en un lugar alejado del centro urbano".

Araceli Arias replicó que "dichas personas no aportaron certificado médico por incapacidad fisica".