Asombro

El pasado mes de octubre murió mi suegro. Cobraba una pensión mensual de jubilación de 57.000 pesetas. Mi suegra, ahora viuda, recibía mensualmente una pensión de invalidez no contributiva de 32.640 pesetas. Ahora le ha quedado única y exclusivamente una pensión de viudedad de 32.635 pesetas al mes (puesto que tiene menos de 60 años). La pensión de invalidez es incompatible con la de viudedad para nuestra querida Administración. Esto quiere decir que es incompatible estar enferma (y no poder trabajar) con el hecho de ser viuda: una lógica que inspira una gran "seguridad social".Debo decir que ...

El pasado mes de octubre murió mi suegro. Cobraba una pensión mensual de jubilación de 57.000 pesetas. Mi suegra, ahora viuda, recibía mensualmente una pensión de invalidez no contributiva de 32.640 pesetas. Ahora le ha quedado única y exclusivamente una pensión de viudedad de 32.635 pesetas al mes (puesto que tiene menos de 60 años). La pensión de invalidez es incompatible con la de viudedad para nuestra querida Administración. Esto quiere decir que es incompatible estar enferma (y no poder trabajar) con el hecho de ser viuda: una lógica que inspira una gran "seguridad social".Debo decir que en un primer momento no salíamos de nuestro asombro. Actualmente, sólo nos queda rabia, indignación e impotencia.

Quiero que nuestros gobernantes, y en particular nuestra ministra Cristina Alberdi (que creo que tiene una especial sensibilidad para los problemas de la mujer), se enteren de que una viuda de 54 años, que ha tenido una pensión de invalidez y dos hijas en paro y sin cobrar, tiene que salir adelante con 32.635 presetas (treinta, y dos mil seiscientas treinta y cinco pesetas) al mes.

¿Sabe nuestra ministra que estas cantidades existen en 1995? Si lo sabe, ¿ha recapacitado en ello? ¿Tiene pensado hacer algo al respecto, o le parece una cantidad "algo baja", pero inevitable por los muchos gastos de la Seguridad Social?

El único consuelo que le han dado a mi suegra hasta la fecha es el de que tenga mucho cuidado con gastar las cantidades que, por invalidez, pudiera seguir cobrando por desconocimiento de la Administración. Ese dinero le será lógica e inexorablemente reclamado tan pronto sea advertida la fatal incompatibilidad: ser viuda y no poder trabajar por enfermedad.