A fondo

La detención y encarcelamiento de antiguos y altos dirigentes del Ministerio del Interior y de las Fuerzas de Seguridad han creado obviamente muchas preocupaciones por la estabilidad del mismo Estado democrático de derecho, tanto si se confirman las acusaciones como si se des mienten. Si se confirman, porque se habrá demostrado que efectivamente el Estado tiene cloacas o,en una valoración más radical, que el Estado puede ser tan terrorista como aquellos a los que persigue. Y si se desmienten, porque se habrá demostrado que determinados personajes detentadores de poderes públicos Juegan con fue...

La detención y encarcelamiento de antiguos y altos dirigentes del Ministerio del Interior y de las Fuerzas de Seguridad han creado obviamente muchas preocupaciones por la estabilidad del mismo Estado democrático de derecho, tanto si se confirman las acusaciones como si se des mienten. Si se confirman, porque se habrá demostrado que efectivamente el Estado tiene cloacas o,en una valoración más radical, que el Estado puede ser tan terrorista como aquellos a los que persigue. Y si se desmienten, porque se habrá demostrado que determinados personajes detentadores de poderes públicos Juegan con fuego demasiado frívolamente, produciendo graves daños a personas e instituciones.Sin embargo, a mi entender, el gran problema no es si es verdad o mentira, sino un fenómeno todavía más preocupante: los indicios del alto apoyo ciudadano a estos procedimientos ilegales de lucha antiterrorista (hayan sucedido o no), así como la proliferacion de argúmentos teóricos o de principio que los justifican. Así, se afirma que a ETA solamente se la puede vencer con sus mismas armas. Además se argumenta que, en determinados momentos críticos producidos por la misma eficacia y locura terrorista no había más remedio que acudir a estos procedimientos expeditivos precisamente para defender la democracia, el Estado democrático, como así han hecho otros -países "desarrollados y democráticos" de nuestro entorno político. Incluso se añade un argumento especialmente sutil: desvelar que un Estado democrático puede tener horribles cloacas es un atentado contra el Estado de derecho.

Aunque los problemas que plantea la existencia del GAL son, de una enorme complejidad, me gustaría argumentar que la mejor. manera de defender el Estado democrático de derecho no es permitirle estas debilidades.A mi modesto entender, ni la eficacia indiscriminada como máximo criterio para acabar con el terrorismo ni los motivos de ex cepción pueden justificar que el Estado se convierta en terrorista. Esos procedimientos tienen una eficacia inmediata muy limitada, y a la larga fomentan todavía más, por no decir legitiman, el terrorismo asesino. Por consiguiente, entiendo que no hay que temer que representantes del Estado -incluso al más alto nivel- se puedan sentar en el banquillo puedan ir a la cárcel. Estoy convencido de que, la mejor manera de defender el Estado democrático de derecho es posibilitar, animar y colaborar a que los mismos mecanismos institucionales y le lleguen hasta el final, vayan al fondo y a fondo en el descubrimiento, enjuiciamiento y penalización de lo que algunos aparatos estatales hayan hecho, en contra de la legalidad dernocrática. Me parece enormemente peligroso recuperar un falso y mal entendido concepto de razón del Estado y un peligrosísimo concepto de excepción o de excepcionalidad para hacer mangas y capirotes de la legalidad democrática. A pesar de todos los defectos e insuficiencias del Estado democrático de derecho, no podemos volver a un todo vale y a un maquiavelismo o realismo político, donde la eficacia y el éxito del poder establecido prima sobre cualquier otro valor político o moral.

Favorecer los argumentos de la ,"razón de Estado" o del "estado de excepción" (Carl Schmitt) es caer en los mismos fosos de irracionalidad que comporta el terrorismo nacionalista. Significa aceptar y asumir que "el fin justifica los medios".. Pero lo grave es que no hay un catálogo de fines que justifiquen determinados medios poco razonables, ni hay un tribunal que pueda decidir sobre la proporcionalidad entre los medios y los fines. Perdón, sí hay un catálogo y sí hay un tribunal. Ese catálogo de fines y de medios (incluso violentos) se establece por medio de la democracia parlamentaria, en la que se funda un Estado democrático de derecho. Claro que se puede utilizar la violencia contra la violencia. Ésta era la tesis, por ahora incontrovertida, de Kant sobre la naturaleza coactiva del derecho: la remoción violenta de los obstáculos, violentos que impiden el ejercicio de las libertades. La diferencia entre el Estado y el terrorismo está precisamente en que un Estado democrático plantea públicamente, y desde razonables niveles de igualdad, libertad y participación, cuáles son los medios y las sanciones (legalidad) que deben utilizarse para combatir la violencia que daña vidas y libertades. El Estado democrático de derecho introduce así una importante dosis de racionalidad en el uso de la violencia para la resolución de los conflictos sociales. Lo que no se puede permitir es que esa resolución de los conflictos se haga desde la clandestinidad o desde el secreto porque ello fundamentaría la arbitrariedad de los que deciden los medios y los fines. Él mismo Kant sostenía que todo aquello que tenía que decidirse en secreto no podía ser justo. Por consiguiente, la racionalidad de, la violencia del Estado -con todas las limitaciones que se quieran- o la menor irracionalidad de la violencia del Estado frente a la de otros grupos (como podrían ser los terroristas) está precisamente en su democraticidad, y la democracia implica respeto de las reglas establecidas por las mayorías sociales y su publicidad. Todo lo que, sea que el Estado no juegue dentro de este campo le convierte en otro grupo terrorista, sin duda más capacitado para ejercer la violencia y más favorecido al disponer de más medios de comunicación y de más aparatos ideológicos para justificarla. Concluyendo, el Estado de derecho no se puede permitir caer en la trampa de que para vencer al terrorismo tiene que hacerse terrorista. El ejemplo que durante muchos Años han estado dando el pueblo español y sus Fuerzas de Seguridad, un ejemplo de entereza, de rabia contenida, a pesar de las enormes heridas que en familias concretas hacía un terrorismo inmisericorde y asesino, ha. sido la mejor arma contra el terrorismo. Los terroristas siempre han que rido demostrar que los otros, el Estado español, eran, peor que ellos. Y eso no han podido jamás dernoátrarlo. La mancha de los GAL el por eso, aunque pequeña, enormemente peligrosa. No hay que caer en una desesperación que, aunque comprensible, no debe justificarse desde quienes tienen la. responsabilidad política de dirigir un Estado y mucho menos desde los niveles de la teoría jurídica y política. Hay que huir de caer en el argumento de que "no hay otra solución" porque estamos en circunstancias excepcionales. Pienso que el estado de excepción es una categoría política enormemente peligrosa y rechazable en su idílica pretengión incluso de salvar al Estado democrático. La mejor manera de salvarlo es que se llegue hasta el final, que se vaya a fondo y que se descubra todo lo que se haya hecho al margen de la legalidad democrática.

No se defiende al Estado democrático tapando sus lacras o sus actuaciones delictivas. Si del caso de los GAL se derivaran responsabilidades penales para los encausados e incluso para otros responsables políticos de más alto nivel, no pasaría nada: el Estado democrático de derecho se habrá afianzado como democrático y derecho. Lo otro, disculpar actuaciones delictivas por causa de circunstancias excepcionales, eso sí que es dañar gravemente la conquista histórica del Estado democrático de derecho, y sería además volver a unos niveles de irracionalidad jurídica y política que favorecen la aparición de salvadores patrioteros que no van puntualmente a acabar con una situación insostenible, sino que van a establecer una dictadura o un Estado sin democracia y sin un derecho que sea expresión de la voluntad mayoritaria.

es catedrático de Filosofía del Derecho y presidente de la Sociedad Española de Filosofia Jurídica y Social.