La ley de eutanasia de Oregón, en suspenso por un año

Un juez federal del Estado de Oregón, el primer lugar del mundo en el que se ha legalizado la eutanasia mediante referéndum, ha suspendido la aplicación de la Ley para una Muerte Digna aplazando su entrada en vigor hasta que un tribunal decida si la ley es constitucional o no.La ley debía haber entrado en vigor el pasado 8 de diciembre. Pero el juez Michael Hogan decidió atender antes las reclamaciones de los grupos contrarios a la eutanasia. Tras el estudio de esas posturas, el juez aplazó el martes la aplicación de esta nueva legislación hasta que se efectúe "un cuidadoso análisis consti...

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Un juez federal del Estado de Oregón, el primer lugar del mundo en el que se ha legalizado la eutanasia mediante referéndum, ha suspendido la aplicación de la Ley para una Muerte Digna aplazando su entrada en vigor hasta que un tribunal decida si la ley es constitucional o no.La ley debía haber entrado en vigor el pasado 8 de diciembre. Pero el juez Michael Hogan decidió atender antes las reclamaciones de los grupos contrarios a la eutanasia. Tras el estudio de esas posturas, el juez aplazó el martes la aplicación de esta nueva legislación hasta que se efectúe "un cuidadoso análisis constitucional". Ese proceso puede durar alrededor de un año.

La controvertida ley que se discute fue aprobada en un referéndum del día 8 de noviembre por un 51% a favor y 49% en contra. De acuerdo a esa legislación, los médicos que voluntariamente quisieran hacerlo podrían recetar una dosis letal de drogas a los enfermos a los que les queden menos de seis meses de vida. Sin embargo, la ley establece una serie de precauciones para que el enfermo sea consciente de su decisión. Según la legislación, sólo se puede efectuar este paso si un segundo facultativo declara que el enfermo no padece de una enfermedad mental que le podría influir en su decisión. Además, el paciente tiene que firmar un documento en presencia de dos testigos.

Los adversarios de la eutanasia llevaron su querella a los tribunales alegando que la Ley para una Muerte Digna viola los derechos contemplados en la enmienda, 14 de la Constitución y no dispone de garantías adecuadas para proteger a los enfermos terminales, los ancianos o los incapacitados, bien por enfermedad o bien por accidente. Thomas Alderman, abogado de los querellantes, dijo que la ley perjudica a los enfermos que se encuentran deprimidos. Según él, la ley facilita la defunción a los que se sienten presionados por familiares o funcionarios de sanidad para poner fin a sus vidas.

La oficina del fiscal general de Oregón, un estado de la costa oeste de EE UU, ha pedido a Hogan que levante el bloqueo a la eutanasia. Según el fiscal, el juez no puede impedir un deseo expresado en las urnas por la mayoría de los votantes.

Lee La Tour, portavoz de Flenílock Society, una de las principales organizaciones en favor de la eutanasia, se ha mostrado "decepcionada" por la decisión del juez. En su opinión, esto "no detendrá el suicidio asistido, sino que lo relega a la clandestinidad".

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