Una asociación empresarial avaló la calidad de informes de Ibercoop que eran meras fotocopias

La Consejería de Economía y la Asociación de Empresarios del Comercio y del Metal de Madrid (Aecim) firmaron en 1991 un convenio por el que la consejería subvencionaba proyectos de asistencia técnica a pequeñas y medianas empresas. Aecim encargó luego todos ellos -en principio, 27- a la cooperativa Ibercoop. Economía aportó 86 millones en una primera fase, que debía completarse con otra sufragada en la misma cantidad por Aecim. No ocurrió así, pero Aecim. sí justificó la calidad de los informes -meras fotocopias de libros- para que se diera la subvención.

El destape del...

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La Consejería de Economía y la Asociación de Empresarios del Comercio y del Metal de Madrid (Aecim) firmaron en 1991 un convenio por el que la consejería subvencionaba proyectos de asistencia técnica a pequeñas y medianas empresas. Aecim encargó luego todos ellos -en principio, 27- a la cooperativa Ibercoop. Economía aportó 86 millones en una primera fase, que debía completarse con otra sufragada en la misma cantidad por Aecim. No ocurrió así, pero Aecim. sí justificó la calidad de los informes -meras fotocopias de libros- para que se diera la subvención.

El destape del caso Ibercoop -red de empresas presuntamente favorecidas por el director regional de Empleo, que fue fundador de una de ellas- ha servido para poner en evidencia los escasos métodos de control del mayor programa de subvenciones de la Comunidad de Madrid, pero también para ilustrar sobre los intereses y relaciones que otros sectores sociales mantienen con el Gobierno regional. La trama de empresas agrupadas en torno a la cooperativa Ibercoop no sólo se benefició de ayudas directas de este departamento; también de contratos y de convenios como el suscrito con Aecim. Todas estas revelaciones quedaron de manifiesto durante la comparecencia -ya en la madrugada, del martes, en una sesión que comenzó a media tarde del lunes- del presidente de Aecim, Rafael Ortiz Rozas, en la comisión de la asamblea que investiga este caso. Ortiz negó que Aecim haya podido incurrir en ningún tipo de delito con su comportamiento en este convenio firmado en su día con el actual consejero de Economía, José Luis Fernández Noriega, pero sí admitió una "responsabilidad moral" por no haber alertado a su "amigo" el consejero.

Aecim no sólo no avisó de que los trabajos efectuados por Ibercoop -en teoría para mejorar la gestión de esas pequeñas y medianas empresas- no eran más que un fardo de fotocopias de libros, sino que expresó por escrito todo lo contrario.

En una carta de Rafael Ortiz remitida al consejero de Economía y al director de Empleo el 31 de octubre de 1991 se dice primero que "en todo momento se ha mantenido un estrecho contacto con estas empresas para facilitarles la realización de las gestiones necesarias con las empresas asociadas a Aecim a fin de que los estudios y trabajos que se llevaran a cabo tuvieran la calidad exigida y sirvieran mejor al desarrollo presente y futuro de sus actividades empresariales".

El presidente de Aecim apostilló. "En general las empresas beneficiadas de este convenio de asistencia técnica han mostrado su satisfacción y conformidad, considerando que los estudios les serán de gran utilidad". La realidad fue, sin embargo, muy distinta. Ortiz admitió en la madrugada de ayer ante los diputados regionales que los trabajos eran muy malos, que no valían el dinero que la Comunidad pagó por ellos, que en Aecim acabaron "hartos"' de los responsables de Ibercoop. Y que por todos estos motivos sus empresas asociadas no continuaron sufragando el programa con el resto del dinero revisto hasta los 171 millones de pesetas totales, aunque en la firma del convenio se había señalado una cantidad que llegaba a los 225 millones. En la documentación que la consejería ha remitido a la comisión figuran incluso fotocopias de talones y letras que justificaban esos pagos de Aecim a Ibercoop con la firma de Ortiz. Éste identificó como válida la rúbrica, pero no los pagarés.

La actitud de Aecim en este convenio ha molestado a, la mayoría de los diputados presentes en la comisión de investigación (del PP, PSOE e IU), pero indignó especialmente a la portavoz de IU, Teresa Nevado, que lo considera un posible fraude empresarial.

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