Información y sospecha

LOS GOBERNANTES no sólo deben ser honrados, sino parecerlo, y quien no haya recurrido alguna vez a la metáfora de la mujer del César, que tire la primera piedra. Pero que no esconda la mano. Porque si ser y parecer honrados es algo exigible a los políticos, éstos tienen derecho a esperar, en contrapartida, que no se juegue a la ligera con su credibilidad. Algo que es para esa profesión tan importante como sus manos lo son para el pianista.Resulta hipócrita que quienes han puesto al presidente del Gobierno en la picota, con sus insinuaciones de haber favorecido desde el poder los negocios de su...

LOS GOBERNANTES no sólo deben ser honrados, sino parecerlo, y quien no haya recurrido alguna vez a la metáfora de la mujer del César, que tire la primera piedra. Pero que no esconda la mano. Porque si ser y parecer honrados es algo exigible a los políticos, éstos tienen derecho a esperar, en contrapartida, que no se juegue a la ligera con su credibilidad. Algo que es para esa profesión tan importante como sus manos lo son para el pianista.Resulta hipócrita que quienes han puesto al presidente del Gobierno en la picota, con sus insinuaciones de haber favorecido desde el poder los negocios de su cuñado, aseguren que, por supuesto, ellos no acusan de nada, que se limitan a constatar unos hechos de los que derivan ciertas sospechas, y que la investigación aclarará si éstas tenían fundamento o no.

De entrada, es falso que no existan acusaciones. Por supuesto que no es lo mismo una imputación penal que un reproche ético. Pero ese reproche ha sido brutal y directo. La prueba es que cuando han intentado compulsar el efecto de sus insinuaciones sobre la opinión pública (mediante encuestas), lo que han preguntado a la gente ha sido si piensa que el presidente ha favorecido a sus allegados y si considera que se ha enriquecido él mismo desde el cargo. Se le llame prevaricación, nepotismo, abuso de poder o comportamiento poco ético, ése es el reproche que se ha lanzado. No es limpio esconder ahora la mano.

Tratándose de la honra de los políticos, la diferencia entre insinuación y acusación se diluye. Por eso es hipócrita escudarse en que será la propia investigación la que aclarará si la suspicacia estaba. justificada y si de ella se deduce alguna acusación concreta. Una vez echada a rodar, es muy dificil detener la sospecha cuando se refiere a la honradez personal de un político. De ahí que sea exigible que quienes acusen (o insinúen) desde tribunas públicas no lo hagan a la ligera. Ahora bien, al margen de ello hay que asumir que a los gobernantes cabe exigir un comportamiento más escrupuloso que el que normalmente se espera de cualquier ciudadano.

Es posible que la respuesta del Gobierno haya pecado de falta de sobriedad, especialmente por la forzada identificación entre ataques a la persona del presidente y ofensiva contra las instituciones; pero, tal como la cosa se planteó en la práctica, el Gobierno no tenía más remedio que responder, y precisamente en el terreno de la información: por supuesto, respondiendo a las preguntas de los diputados en, el Parlamento, pero también ofreciendo a la opinión pública datos sobre los hechos en que haya intervenido la Administración. Los sarcasmos de Aznar sobre el ri6,m1o que supone ver a un Gobierno polemizando con un periódico resultan, por ello, algo artificiosos. Pero es cierto que esa incómoda posición del Gobierno se ha debido en parte al silencio del propio cuñado de González y de la empresa que le compré) su empresa. Ni comprador ni vendedor de los polémicos Talleres Palomino han abierto la boca hasta ahora.

La oferta, reiterada ayer por el ministro Rubalcaba, de comparecencia de representantes de todas las empresas públicas que han sido relacionadas con el caso es oportuna. Es necesario que el Congreso tenga toda la información disponible. Pero la Constitución también considera la posibilidad de crear comisiones de investigación sobre asuntos "de interés público". Es posible que haya que hacerlo en este caso. Pero ello sería el resultado de la insuficiencia de las explicaciones e informaciones ofrecidas por la vía normal de las preguntas, interpelaciones y comparecencias. Se trata, por tanto, de una posibilidad, no de una obligación. Para que fuera esto último tendrían que existir, si no pruebas en el sentido judicial, sí al menos indicios muy sólidos. En caso contrario, se estaría distorsionando la función del Parlamento, convirtiéndolo en escenario de una moción de censura permanente contra el Gobierno, al margen de los mecanismos constitucionales previstos para ello. Y se estaría estimulando comportamientos irresponsables: acusar a voleo con la coartada de que tal vez la investigación descubra algo.

¿Demostrará el proceso puesto en marcha que, efectivamente, Felipe González dispensó un trato de favor a su cuñado? Hoy por hoy nada permite afirmarlo. Ésa es la conclusión provisional de la investigación realizada por este periódico sobre las distintas operaciones mercantiles que fueron presentadas como indicios acusatorios. Si nuevos datos o una valoración más adecuada de los existentes demostrasen que esa conclusión no es acertada, no dudaríamos en reconocerlo. Por el momento, lo que cabe afirmar es que una gran parte de las acusaciones se basan en informaciones erróneas, cuando no abiertamente falsas.