El Plan Hidrológico Nacional se retrasará un año hasta que se aprueben los planes de cuenca
El Ministerio de Obras Públicas no tendrá lista la revisión del Plan Hidrológico Nacional (PHN) hasta dentro de un año al menos, plazo requerido para incorporar, a uno de los proyectos más importantes del Gobierno socialista, sendos mandatos del Congreso y el Senado, referidos al orden del calendario y planes de regadíos, según fuentes del departamento que preside José Borrell. Si el Congreso no decide darle un empujón, la demora será inevitable, informan las mismas fuentes, sorprendidas por una resolución de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado metida como una cuña por ...
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El Ministerio de Obras Públicas no tendrá lista la revisión del Plan Hidrológico Nacional (PHN) hasta dentro de un año al menos, plazo requerido para incorporar, a uno de los proyectos más importantes del Gobierno socialista, sendos mandatos del Congreso y el Senado, referidos al orden del calendario y planes de regadíos, según fuentes del departamento que preside José Borrell. Si el Congreso no decide darle un empujón, la demora será inevitable, informan las mismas fuentes, sorprendidas por una resolución de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado metida como una cuña por el Partido Aragonés (Par) y apoyada por toda la oposición en una noche de unanimidades.
Borrell, que permanecía atento a la sesión, se dio cuenta de la treta y avisó con tiempo a los senadores socialistas para retirar su respaldo al Par, pero su gesto resultó testimonial. El Par arrancó de la Cámara un mandato al Gobierno para que el PHN no se presente a las Cortes antes de se aprueben los planes de cuenca.El calendario de Obras Públicas no contemplaba esta prioridad. Estaba previsto que la redacción del PHN y los respectivos planes de cada cuenca se desarrollaran en paralelo para no interferir ni mediatizar los plazos y contenidos de unos y otros. La resolución del Sena do supone no sólo un retraso en la presentación del PHN; contiene una carga de profundidad al supeditar su contenido a los compromisos incluidos en los planes de cuenca, como el Pacto del Agua de Aragón y los que previsiblemente, aprueben otras autonomías afectadas por la-política de trasvases que condicionarán la garantía de determinadas obras y concesiones mínimas de agua antes de cederla a otras autonomías deficitarias.
Los planes de cuenca se encuentran en este momento en fase adelantada, pero sólo los tres que afectan a la cuenca del norte (Galicia, Asturias y la cornisa cantábrica) están concluidos. Un segundo paquete -Duero, Guadiana y Guadalquivir- lo estará a finales de año, pero el resto necesitará un plazo mayor para completarse. Para cuando el Consejo Nacional del Agua los revise y remita su informe al Gobierno ya estará vencido el año 1995.
El Congreso también ha mediado en retrasar los plazos comprometidos por Borrell para la presentación del Plan Hidrológico Nacional, un macroproyecto diseñado para planificar en los próximos 20 años la cobertura de las demandas de agua, la recuperación de la calidad de los ríos y la prevención de las inundaciones. En este caso, la demora es consecuencia de la obligación de incorporar al PFIN uno adicional sobre regadíos donde se justifique el destino que se le pretende dar a la oferta de agua de los futuros trasvases, un 80% de la cual tendrá usos agrícolas.
El dilema de los regadíos
El Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA) lleva siete meses elaborando ese proyecto, más delicado de lo que parece a primera vista, y muy dependiente del rumbo que marque la Política Agraria Comunitaria (PAC). ¿Se mantienen los regadíos actuales, se reducen o se aumentan? El dilema no es baladí, en la medida que se pone en juego no sólo el futuro de la agricultura española, sino la despoblación de muchas zonas del interior de la Península.
Fuentes de Obras Públicas advierten un cierto giro en la Política comunitaria a la hora de decidir qué es más conveniente para las zonas deprimidas: subvencionar a los agricultores para que abandonen sus cultivos poco rentables o favorecer su supervivencia con ayudas que eleven sus rentas mediante una mejor eficiencia de sus cultivos con regadíos. Las mismas fuentes detectan en la Dirección General VI de la Unión Europea -competente en temas agrícolas- una inclinación por la última Opción. Creen ver indicios de que su posición no es negativa, por ejemplo, a que se conviertan en regadíos las 56.000 hectáreas contempladas en los usos del proyecto de embalse de Itoiz. Sería la única manera de equilibrar las rentas de determinadas zonas agrícolas españolas, donde una hectárea de secano dedicada al cultivo del trigo produce entre 2.000 y 3.000 kilos, mientras en Centroeuropa la rentabilidad media se eleva a 5.000.
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