La credibilidad de los Presupuestos, una vez más
ENRIQUE MARTÍNEZ ROBLESLos Presupuestos del año próximo se han elaborado, según el autor, con criterios de prudencia para no poner en peligro su credibilidad
Como es habitual en los últimos años, la simple presentación de los Presupuestos Generales del Estado da origen a un amplio debate en el que intervienen asociaciones empresariales, sindicatos, partidos políticos, etcétera. Dentro de este intercambio de opiniones, en ocasiones se escuchan críticas totalmente exentas de rigor que atacan a la credibilidad del presupuesto y, con ello, deterioran la confianza que los agentes sociales deben tener en el propio presupuesto y en que el Gobierno va a cumplir con firmeza los objetivos marcados en el mismo.Bastaría recordar que el año pasado por estas mis...
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Como es habitual en los últimos años, la simple presentación de los Presupuestos Generales del Estado da origen a un amplio debate en el que intervienen asociaciones empresariales, sindicatos, partidos políticos, etcétera. Dentro de este intercambio de opiniones, en ocasiones se escuchan críticas totalmente exentas de rigor que atacan a la credibilidad del presupuesto y, con ello, deterioran la confianza que los agentes sociales deben tener en el propio presupuesto y en que el Gobierno va a cumplir con firmeza los objetivos marcados en el mismo.Bastaría recordar que el año pasado por estas mismas fechas se alzaron algunas voces que intentaron distorsionar la imagen del presupuesto simplemente diciendo que no era creíble, pero sin incorporar ningún argumento que se desprendiera de un examen atento y riguroso del mismo. Así, cuando se presentó el presupuesto de 1994, se decía que las previsiones de un crecimiento del 1,3% en el PIB eran imposibles de cumplir, que las cifras de ingresos estaban sobrevaloradas para ocultar la magnitud del déficit, que el aumento de la tasa de paro provocaría desviaciones espectaculares en los gastos y que el sector exterior no crecería a las tasas previstas.
Un año después se observa que esas apreciaciones no eran ciertas y, por el contrario, el principal fundamento del presupuesto era, precisamente, su credibilidad. En 1994, la tasa de crecimiento del PIB se situará en torno al 1,7% y será el sector exterior, con una aportación del 1,6%, la principal causa de este avance. Por su parte, el ritmo de, ejecución de ingresos y gastos del Estado confirma la previsión de un déficit del 5,1 % tal como estaba inicialmente previsto.
La presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 1995 viene una vez más acompañada de críticas acerca de su credibilidad, aunque, eso sí, con menor intensidad que el año pasado, habida cuenta de la ejecución del presupuesto de 1994. El resto de consideraciones que recientemente se están haciendo sobre los presupuestos de 1995 son muy similares a otras que ya. se hicieron el año anterior. Algunos sectores de opinión y determinados representantes de partidos políticos consideran que la disminución del déficit es insuficiente y que habría que recortar aún más los gastos corrientes; otros, por el contrario, entienden que la disminución del gasto es excesiva, y el impulso a la reactivación económica, reducido. Ambos puntos de vista, claramente divergentes, coinciden, sin embargo, con la opinión crecientemente manifestada en los últimos días de que la compensación de la reducción de las cotizaciones sociales con la subida de un punto en los tipos del IVA tendrá un efecto inflacionista.
Incluso este año ha aparecido una crítica novedosa calificando al presupuesto de irresponsable, pues se dice que las medidas que incorpora no buscan incidir adecuadamente en la realidad económica, sino resultados electoralistas. Con la salvedad de esta última crítica, que sólo puede provenir de aquellos que, en contra de una realidad expresada no sólo por el Gobierno, sino también por la Comisión de la CEE, la OCDE o el FMI, han sido incapaces durante nueve meses de reconocer que en España se ha entrado en una fase de crecimiento económico, quisiera reflexionar sobre las críticas anteriores y afianzar la absoluta credibilidad que debe otorgarse a estos presupuestos.
En primer lugar, la correcta valoración del presupuesto para 1995 exige entenderlo en una línea de continuidad y profundización del presupuesto de 1994, que ha sido el que ha sentado las bases necesarias para el proceso de recuperación de nuestra economía durante este año, y en el contexto de la Actualización del Programa de Convergencia aprobada por el Gobierno el pasado mes de julio y, posteriormente, el pasado día 10 de octubre por el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas (Ecofin) de la Unión Europea.
Este Programa de Convergencia pretende como prioridades fundamentales conseguir que en 1997 se hayan corregido los desequilibrios económicos básicos que todavía tiene nuestra economía, entre los que destacan la tendencia a producir un nivel elevado de déficit público, las presiones inflacionistas subyacentes y la dificultad para la creación de empleo. A la corrección de estos desequilibrios contribuirá el escenario presupuestario diseñado, así como la reforma laboral puesta en marcha durante este año, la flexibilización y, mejora de la competitividad de los mercados de servicios y las modificaciones dirigidas a la adecuación de la Administración pública.
Como es bien sabido, en el orden presupuestario el objetivo del Programa de Convergencia es continuar la reducción. paulatina del déficit público hasta alcanzar en 1977 el compromiso adquirido en Maastricht del 3% del PIB, así como la estabilización del nivel de endeudamiento en relación a dicha, macromagnitud. Este descenso del déficit público se basará en medidas dirigidas a la contención del gasto, ya que, aumentos en la presión fiscal no relacionados con mejoras en la lucha contra el fraude y con los efectos del crecimiento económico en la progresividad global del sistema impositivo, influirán negativamente en el actual proceso de recuperación económica.
Estos objetivos del Programa se refuerzan con el compromiso del Gobierno de aplicar preferentemente a una reducción adicional del déficit la mejora que se produzca en los ingresos públicos como consecuencia de un mayor crecimiento económico del previsto y de adoptar las me didas de ajuste presupuestario que fuesen precisas si se produjera una desviación sobre la senda fijada de reducción del déficit.
En este contexto, los Presupuestos Generales del Estado para 1995 se han elaborado con un criterio de prudencia para así no poner en peligro la credibilidad del cumplimiento de sus objetivos. El descenso del déficit público, que para el conjunto de las Administraciones centrales será de seis décimas, del 5,7% en 1994 al 5,1% en 1995, se fundamentará en una contención del gasto público, que crecerá tan sólo el 3,4%, sensiblemente inferior al 6,5% previsto en el PIB monetario para 1995.
Para ello, en 1995 el énfasis en la contención del gasto público recaerá en los gastos de personal y en las compras de bienes y servicios. A su vez, se introducirán técnicas más avanzadas de racionalización del gasto que refuercen las medidas de gestión y de control del fraude, entre las que destaca un nuevo sistema de financiación de la sanidad por el que se sientan las bases para disciplinar la gestión de la sanidad pública, eliminando la condición de ampliables que tenían sus créditos.
A pesar de esta contención del gasto público, se mantendrá el esfuerzo inversor que se ha venido realizando en los últimos años, así como el nivel alcanzado de protección social, asegurando el poder adquisitivo de los actuales pensionistas y la satisfacción de las nuevas necesidades que se produzcan en el área de las prestaciones económicas, servicios sociales, sanidad y educación, al aumentar el gasto social en un 5,7%, superior al gasto medio del conjunto de las Administraciones centrales.
Una mayor reducción del gasto corriente, tal como plantean algunas críticas, dadas las limitaciones existentes para una mayor disminución del gasto en personal y en compra de bienes y servicios, provocaría necesariamente una reducción de los niveles de protección social o de la inversión pública, lo que sería contrario a los objetivos del Gobierno socialista y además produciría efectos negativos sobre el empleo.
Por otra parte, el descenso del déficit público en seis décimas durante 1994, que se centra, fundamentalmente, en la reducción del déficit de carácter estructural, es muy significativo, mayor que lo que se deduce de las meras cifras, debido a que todavía persisten elevados niveles de déficit cíclico, como consecuencia del desfase existente entre los ciclos presupuestario y económico.
En relación con la impresión generalizada de que el presupuesto será inflacionista, no basta con examinar únicamente el efecto que sobre los precios pueda tener el aumento del IVA en un punto, sino que habrá que tener también en cuenta la influencia de la introducción de reformas estructurales en diferentes mercados, así como de un comportamiento adecuado de los agentes sociales, continuando la moderación salarial de este último año y evitando crecimientos elevados de los márgenes empresariales.
Adicionalmente, el desarrollo de las reformas laborales introducidas a mediados de este año y la citada disminución en un punto porcentual de las cotizaciones sociales, al propiciar el abaratamiento del factor trabajo, favorecerá la contratación de trabajadores. Con esta misma finalidad continuarán durante 1995 las deducciones por inversión, creación de empleo y gastos en formación profesional introducidas en 1994, se establecen medidas de estímulo al consumo privado, a través de la elevación de mínimos exentos, deflactación de las tarifas y aumento de las deducciones familiares en los impuestos directos, y se reduce la doble imposición de dividendos, con lo que se contribuirá a mejorar la estructura financiera de las empresas y, con ello, al fomento de empleo.
Por todo ello, así como los presupuestos para 1994 han sentado las bases necesarias consiguiéndose que el PIB crezca en un 1,7%, cuando el año pasado descendió en un 1,0%, los presupuestos para 1995 permitirán un crecimiento importante de la ocupación, estimado en, aproximadamente, 200.000 empleos netos.
es secretario de Estado de Hacienda.