Justicia proyecta la gratuidad del aborto para las mujeres sin medios económicos

María Teresa Fernández de la Vega, secretaria de Estado de Justicia, anunció ayer que, entre las modificaciones del proyecto de ley de ampliación del aborto en las 12 primeras semanas de gestación previo asesoramiento a la mujer, se está estudiando la gratuidad de la interrupción del embarazo cuando la interesada se encuentre en estado de necesidad por su penuria económica. Este cambio atendería una de las peticiones de IU y de uno de los consejeros del poder judicial que se abstuvo el miércoles último y desencadenó una decisión interpretada de modo contradictorio.

En línea con la posi...

María Teresa Fernández de la Vega, secretaria de Estado de Justicia, anunció ayer que, entre las modificaciones del proyecto de ley de ampliación del aborto en las 12 primeras semanas de gestación previo asesoramiento a la mujer, se está estudiando la gratuidad de la interrupción del embarazo cuando la interesada se encuentre en estado de necesidad por su penuria económica. Este cambio atendería una de las peticiones de IU y de uno de los consejeros del poder judicial que se abstuvo el miércoles último y desencadenó una decisión interpretada de modo contradictorio.

En línea con la posición de IU -principal aliado del PSOE para la ampliación del aborto-, el vocal del Consejo General' del Poder Judicial (CGPJ) Javier Gómez de Liaño, en un escrito de 10 folios que hizo público ayer, tras elogiar a los redactores del informe sobre el anteproyecto de ley, vinculó su abstención "al deseo de permanecer en una constante meditación individualizada sobre el tema", pero anticipó algunos criterios sobre la materia.Entre ellos, Gómez Liaño resalta su reticencia a que la mujer tenga que ser asesorada, por "los riesgos -muy posibles- de manipulación de la voluntad de quien no aborta por gusto", dice, y su oposición a que la decisión final de interrumpir el embarazo quede al margen del régimen sanitario de la Seguridad Social".

Sorpresa

Antes de conocer este escrito, Fernández de la Vega expresó ayer su sorpresa por la abstención de Gómez de Liaño y recordó que, en los casos como el yo en que se desea una ley más avanzada que la que se somete a su consideración, lo lógico no es abstenerse, sino votar a favor y explicar en un voto concurrente las mejoras que propone. La secretaria de Estado de Justicia expresó igualmente su disgusto y sorpresa por la abstención del presidente del CGPJ, Pascual Sala.En línea con lo señalado por titular del departamento, Juan Alberto Belloch, Fernández de la Vega insistió en que, margen de las opiniones, todas respetables, que se emitan desde el CGPJ u otros estamentos, "el Gobierno tiene que dar soluciones". Aseguró que proseguirá en su voluntad despenalizadora del aborto y anunció que está en estudio incluir la interrupción del embarazo entre las prestaciones sanitarias públicas para aquellos casos de estado necesidad o penuria económica de la mujer afectada, en cumplimiento del principio de igualdad y como se ha hecho en Alemania recientemente".

Precisamente, el ejemplo alemán es esgrimido por el bloque de consejeros del poder judicial más netamente opuestos a la despenalización del aborto. En un escrito de 18 folios suscrito por el vicepresidente José Luis Manzanares y los vocales Margarita Mariscal de Gante y Andrés de la Oliva se reprocha al informe contra el que votaron que no recoge que la sentencia de 23 de mayo de 1993 del Tribunal Constitucional Federal alemán anuló por inconstitucional una ley similar a la que se pretende aprobar en España.

Eclipse del padre

Otros de los siete consejeros que votaron contra el informe explican también su posición. Uno de ellos, José Antonio Zarzalejos, reprocha a la futura ley la sistemática falta de toda alusión al padre ( ... ), al que la ley silencia o eclipsa".El vocal De la Oliva asegura que "miente quien diga que el informe sobre el aborto no fue rechazado" [lo dijo Sala] y el portavoz del PP en el Congreso Rodrigo Rato considera "un error político y jurídico" seguir adelante. El portavoz socialista Joaquín Almunia afirma que "el Gobierno tiene las manos libres porque el CGPJ no ha aprobado ningún informe".

La Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria y conservadora, considera "de mucho peso" las objeciones al proyecto. Jueces para la Democracia minoritaria y progresista, lo apoya "absolutamente" y reprocha al CGPJ "el espectáculo de no ser capaz de aprobar su propio infórme".