Un pulso político por el dinero
La Generalitat de Cataluña ha lanzado en los últimos meses una fuerte ofensiva política para que los fondos de cohesión europeos destinados a medio ambiente (un 40% del total, aproximadamente) que recibe España se distribuyan entre las cornunidades autónomas con competencias en esa materia y deje de administrarlos en exclusiva el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (MOPTMA).El presidente catalán, Jordi Pujol, ha citado el asunto como uno de los componentes del giro autonómico que los nacionalistas reclaman del Gobierno socialista. Si las competencias medio ambientales so...
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La Generalitat de Cataluña ha lanzado en los últimos meses una fuerte ofensiva política para que los fondos de cohesión europeos destinados a medio ambiente (un 40% del total, aproximadamente) que recibe España se distribuyan entre las cornunidades autónomas con competencias en esa materia y deje de administrarlos en exclusiva el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (MOPTMA).El presidente catalán, Jordi Pujol, ha citado el asunto como uno de los componentes del giro autonómico que los nacionalistas reclaman del Gobierno socialista. Si las competencias medio ambientales son de las autonomías, éstas deben ser soberanas para decidir en qué gastan el dinero que les corresponda, argumenta el Gobierno catalán.
El ministro José Borrell ha lanzado una contrapropuesta. Los fondos no se pueden territorializar a priori según criterios de superficie o población, porque tratan de equilibrar el territorio español respecto a Europa y no efectúan políticas de equilibrio interno. A posteriori, argumenta el MOPTMA, siempre hay una distribución territorial, pues todas las inversiones van a alguna zona. Pero ello no impide encontrar un mecanismo de acuerdo con comunidades autónomas, diputaciones o ayuntamientos que inviertan en infraestructuras medio ambientales. Ese mecanismo consistiría en convenios entre el MOPTMA y la Administración de que se trate para obras concretas: procedimiento más ágil que el actual de declaración de obras de interés general, que requiere tramitar leyes.
Las obras deberán responder a los criterios de la conferencia sectorial del medio ambiente, que agrupa a las autoridades centrales y de las comunidades autónomas, y a las directrices de la UE.