Un sector de la guerrilla del "cura" Pérez entrega las armas en Colombia

Alberto Cabezas acarició por última vez su fusil Kalashnikov de fabricación soviética y sin nostalgia -"porque me siento alegre de apuntarle a la paz", dijo- lo disparó por última vez, bajo un sol caribe, de 30 grados a la sombra. Al unísono, otros 329 disparos retumbaron en el polvoriento poblado de Flor del Monte, departamento de Sucre, en el norte de Colombia.

Así fue como al mediodía del sábado quedó sellada la paz entre el Gobierno de César Gaviria y la Corriente de Renovación Socialista (CRS), que en 1989 rompió políticamente con él Ejército de Liberación Nacional, la guerrill...

Alberto Cabezas acarició por última vez su fusil Kalashnikov de fabricación soviética y sin nostalgia -"porque me siento alegre de apuntarle a la paz", dijo- lo disparó por última vez, bajo un sol caribe, de 30 grados a la sombra. Al unísono, otros 329 disparos retumbaron en el polvoriento poblado de Flor del Monte, departamento de Sucre, en el norte de Colombia.

Así fue como al mediodía del sábado quedó sellada la paz entre el Gobierno de César Gaviria y la Corriente de Renovación Socialista (CRS), que en 1989 rompió políticamente con él Ejército de Liberación Nacional, la guerrilla que comanda el ex sacerdote español Manuel Pérez.

En una emotiva ceremonia a la que concurrieron parientes de los ex guerrilleros y para la que, los 2.000 habitantes de Flor del Monte, lucieron sus mejores vestidos, los militantes de la CRS entregaron los fusiles al encargado de negocios de Holanda, valedor del proceso. "Las armas que sirvan para fundir, se derretirán y haremos campanas para los templos católicos. Las otras, las lanzaremos al mar", comentó Cabezas.

Hasta que llegó el ministro de Gobernación, Fabio Villegas, quien firmó el acta, los negociadores de la CRS y el consejero presidencial, Carlos Eduardo Jaramillo, forcejearon sobre los ocho puntos del acuerdo.

Aunque los ex guerilleros fracasaron en algunas de sus demandas, sí lograron que los créditos y subvenciones para los programas de reinserción no se asignen individualmente sino a cooperativas y que el Gobierno constituya comisiones de vigilancia de los derechos humanos.