Denuncias ciudadanas por el empeoramiento en la libre circulación dentro de la UE

La libertad de circulación de personas ha disminuido desde el 1 de enero de 1993, según se deduce de los datos recogidos por European Citizen Action Service (ECAS), una federación de entidades ciudadanas de los Doce que ha abierto una línea caliente para recoger protestas por la deficiente aplicación de las normas del mercado único. La ECAS abrió el 1 de febrero pasado un servicio de recogida de las reclamaciones de los ciudadanos ante los obstáculos a la libre circulación, coincidiendo con el último plazo marcado por el llamado Grupo de Schengen para la desaparición de fronteras.Los nu...

La libertad de circulación de personas ha disminuido desde el 1 de enero de 1993, según se deduce de los datos recogidos por European Citizen Action Service (ECAS), una federación de entidades ciudadanas de los Doce que ha abierto una línea caliente para recoger protestas por la deficiente aplicación de las normas del mercado único. La ECAS abrió el 1 de febrero pasado un servicio de recogida de las reclamaciones de los ciudadanos ante los obstáculos a la libre circulación, coincidiendo con el último plazo marcado por el llamado Grupo de Schengen para la desaparición de fronteras.Los nueve países de Schengen (los Doce menos el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca) no han sido capaces de cumplir el 1 de febrero con el compromiso y han dado lugar a esta acción de la ECAS, que ha anunciado también la presentación de reclamaciones y demandas ante todas las instituciones europeas para exigir el cumplimiento de los tratados. La libre circulación está teóricamente garantizada por el Acta única europea, que reformó el Tratado de Roma, y debía ser aplicada como mínimo por los países de Schengen, que alegan ahora la existencia de problemas técnicos en el Sistema Informático Schengen (SIS) para no levantar los controles en puertos y aeropuertos y eliminar los obstáculos en las fronteras terrestres. La ECAS está recibiendo más de un centenar de reclamaciones diarias en el teléfono 322 534 52 75 de Bruselas y va a prolongar su servicio de defensa del ciudadano más allá de la fecha inicialmente prevista del 8 de febrero.