Leguina obliga por ley a los alcaldes a reservar la mitad del suelo residencial para pisos baratos

Los alcaldes que decidan ampliar sus municipios con más viviendas tendrán que respetar la nueva Ley del Suelo, cuyo proyecto fue aprobado ayer por el Ejecutivo de Joaquín Leguina. Por cada piso de precio libre que los gobiernos locales admitan en sus términos deberán calificar suelo para otro piso de protección oficial. El consejero de Política Territorial, José María Rodríguez Colorado, justifica este capricho de la ley: "Los estudios demuestran que el 90% de los demandantes de vivienda no tienen dinero para adquirirla en el mercado libre y sólo pueden comprar un alojamiento de protección ofi...

Los alcaldes que decidan ampliar sus municipios con más viviendas tendrán que respetar la nueva Ley del Suelo, cuyo proyecto fue aprobado ayer por el Ejecutivo de Joaquín Leguina. Por cada piso de precio libre que los gobiernos locales admitan en sus términos deberán calificar suelo para otro piso de protección oficial. El consejero de Política Territorial, José María Rodríguez Colorado, justifica este capricho de la ley: "Los estudios demuestran que el 90% de los demandantes de vivienda no tienen dinero para adquirirla en el mercado libre y sólo pueden comprar un alojamiento de protección oficial".

Por esa razón, el PSOE ha establecido que el 50% de las nuevas promociones de los municipios con una población superior a 25.000 habitantes garanticen precios baratos a través de la construcción de viviendas con algún grado de protección social. El nuevo texto legal será imprescindible para la gestión urbanística de todos los gobiernos municipales de la región.Cinco años después de que se presentara el primer borrador de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, el gabinete de Joaquín Leguina despejó ayer todos sus temores y aprobó definitivamente la ley, que será enviada ahora al Parlamento regional para su ratificación final.

El 31 de diciembre de 1993, los parlamentarios de IU y del PSOE, que reúnen mayoría absoluta en la Asamblea, remataron el acuerdo y garantizaron el éxito parlamentario del proyecto legislativo.

Las nuevas normas que marcan las reglas del juego en el urbanismo han provocado la reacción en contra de alguno de los, municipios de la Comunidad de Madrid. Tanto es así que, en los últimos meses, los diputados autonómicos recibieron una decena de escritos de alcaldes donde se les comunicaba el rechazo a la ley de las corporaciones municipales que presidían.

Grandes operaciones

El Gobierno regional asegura contar con apoyos mayoritarios, y se concede mediante la nueva ley competencia exclusiva para definir las grandes operaciones urbanísticas de toda la región. En breve, los dirigentes autonómicos presentarán un mapa de estrategias territoriales donde se recojan este tipo de actuaciones.

A los municipios con más de 25.000 habitantes se les permitirá tomar acuerdos urbanísticos sin necesidad de aguardar el visto bueno de la Comunidad de Madrid. La Consejería de Política Territorial también se compromete por ley a resolver en un periodo máximo de dos meses -ahora son seis- las propuestas de los ayuntamientos para diseñar nuevos modelos de ciudad.

Con la entrada en vigor de la ley, los concejales de Urbanismo contarán con instrumentos poderosos de gestión. Si en unos terrenos con varios propietarios no se produce el acuerdo, los municipios podrán intervenir con medidas como la ejecución forzosa. Para las expropiaciones que ocasionen recursos de los particulares afectados se creará un jurado territorial de expropiación que fijará con mayor rapidez los justiprecios, y, por tanto, se podrán ocupar mucho antes los terrenos en litigio. Los alcaldes podrán expropiar, con el respaldo legal del nuevo proyecto aprobado ayer, viviendas en cascos antiguos "para rehabilitarlas por razones de salubridad" o edificios con algún valor cultural, histórico o artístico.

El Gobierno de Leguina también aprobó ayer un decreto por el que los propietarios de pisos vacíos recibirán una gratificación económica si alquilan sus propiedades a ciudadanos con ingresos mensuales inferiores a las 200.000 pesetas.

La Comunidad fijará el precio de alquiler y le pagará al propietario un 10% de la tarifa aplicada al inquilino. Si el precio pagado por el arrendatario es, por ejemplo, de 70.000 pesetas, la Consejería de Política Territorial abonará al arrendador otras 7.000. Con esta medida, para la que el Gobierno regional ha presupuestado cerca de 300 millones de pesetas, aparecerá en Madrid un nuevo tipo de inquilino, caracterizada por su capacidad de generar un beneficio añadido al alquilar una vivienda. Ese plus saldrá de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid. Las únicas limitaciones a este decreto obligan al propietario de la vivienda a firmar un contrato de alquiler de cuatro años de duración a favor de cualquier ciudadano que ingrese menos de 200.000 pesetas mensuales. El piso, según los requisitos que marca el nuevo decreto, no podrá superar los 70 metros cuadrados de habitabilidad.

La rehabilitación de viviendas también cuenta desde ayer con normas especiales. El PSOE ha decidido ampliar las ayudas a propietarios privados hasta las 600.000 pesetas. La Comunidad financiará, con Subvenciones a fondo perdido, entre el 20% el 30% de las obras necesarias.