El Gobierno proyecta implantar un servicio civil alternativo a la 'mili' y obligatorio para la mujer

El Gobierno ha comenzado los estudios preparatorios de la futura ley del Servicio Civil, prevista en el artículo 30.3 de la Constitución. Los trabajos iniciales analizan la viabilidad de implantar en España un servicio civil que sería alternativo a la mili para los hombres y obligatorio para las mujeres. La prestación sustitutoria de los objetores de conciencia se mantendría,pero con carácter residual. Desde el pasado septiembre, recién iniciada la legislatura, una comisión viene trabajando en este tema, coordinada por el Ministerio de Asuntos Sociales y con participación deJusticia y Defensa....

El Gobierno ha comenzado los estudios preparatorios de la futura ley del Servicio Civil, prevista en el artículo 30.3 de la Constitución. Los trabajos iniciales analizan la viabilidad de implantar en España un servicio civil que sería alternativo a la mili para los hombres y obligatorio para las mujeres. La prestación sustitutoria de los objetores de conciencia se mantendría,pero con carácter residual. Desde el pasado septiembre, recién iniciada la legislatura, una comisión viene trabajando en este tema, coordinada por el Ministerio de Asuntos Sociales y con participación deJusticia y Defensa. La obligatoriedad para la mujer del futuro servicio civil, sobre la que aún no se ha tomado una decisión, suscita división de opiniones entre los departamentos implicados.

Para el Ministerio de Defensa, que dirige Julián García Vargas, la obligación de prestar un servicio a la sociedad no puede extenderse a la mujer, ya que causas biológicas -la maternidad- la sitúan en desventaja con respecto al hombre a la hora de incorporarse al mercado de trabajo o desarrollar su carrera profesional. La ley, según este criterio, debe discriminar en positivo a la mujer para corregir la desigualdad real de oportunidades.Este argumento no es compartido por el departamento de Asuntos Sociales, cuya titular es Cristina Alberdi. En primer lugar, porque hay muchas mujeres que nunca son madres. En segundo lugar, y sobre todo, porque no se puede avalar legalmente la idea de que la crianza de los hijos, que es lo que realmente interrumpe la carrera profesional y no la maternidad, es responsabilidad de la mujer en mayor medida que del hombre.

Este criterio viene avalado por las reformas legales que se han aprobado en los últimos años: la ley de 3 de marzo de 1989, que amplió a 16 semanas el permiso por maternidad, estableció por vez primera que hasta cuatro semanas pueden ser disfrutadas por el padre y que cualquiera de los miembros de la pareja puede acogerse a la excedencia para el cuidado de los hijos.

El Ministerio de Justicia no se ha definido con rotundidad, pero su responsable, Juan Alberto Belloch, tiene serias dudas de que puede implantarse un servicio civil y eximir de su cumplimiento a la mujer, por lo que ha pedido un dictamen de constitucionalidad al respecto. El proyecto se encuentra todavía en fase incipiente y su envío a las Cortes no está previsto hasta la última etapa de la legislatura, que acaba en 1997, y su entrada en vigor para la siguiente.

Mismo servicio

Todas las partes interesadas muestran gran interés en subrayar que esta obligación no tendría nada que ver con el servicio social que el régimen franquista imponía a las mujeres "en tareas propias de su sexo". A diferencia de aquel, este servicio "para el cumplimiento de fines de interés general", según la Constitución, no sería exclusivo de la población femenina, sino indistinto para hombres y mujeres.

En cambio, todos los ministerios, incluido Defensa, están de acuerdo en que el cumplimiento del servicio civil eximiría a los varones de la mil¡. Aunque las tareas a realizar serían muy similares a las de la actual prestación sustitutoria, desde el cuidado de personas incapacitadas hasta la lucha contra los incendios forestales, la diferencia jurídica sería sustancial: los jóvenes no tendrían que objetar a la mili por razones de conciencia, sino que les bastaría con elegir entre prestar a la sociedad un servicio de carácter civil o uno militar.

La opción podría realizarse en el momento en que ahora se hace el alistamiento para la mili, a los 17 años, lo que facilitaría la gestión del servicio civil. Uno de los problemas con que tropieza la prestación de los objetores es que la mayoría se declaran como tales tras agotar las prórrogas a la mili, a una edad avanzada. No obstante, la objeción al servicio militar y la prestación sustitutoria deberán seguir existiendo, ya que figuran en el mismo artículo 30 de la Constitución.

El modelo se acercaría al vigente en Francia, donde hay un servicio nacional único que los jóvenes pueden cumplir en distintas actividades, civiles o militares, y donde el porcentaje de objetores es mínimo.

No obstante, la implantación de este servicio civil tropieza con grandes problemas económicos y de gestión. En España hay alrededor de 600.000 jóvenes de ambos sexos con 17 años, por lo que, si la obligación se hace extensiva a la mujer, habría que contar con unas 300.000 plazas para cumplir este servicio.

La dificultad que ello entraña queda patente en el hecho de que Justicia no sea capaz actualmente de dar ocupación a 60.000 objetores al año y transcurran entre 18 y 24 meses desde que un joven es reconocido por el Consejo Nacional de la Objeción de Conciencia hasta que se incorpora a la prestación sustitutoria. Según fuentes de la Administración, sólo el 10% de los objetores cumple una prestación efectiva.

Por eso, Defensa ha puesto énfasis en que el hecho de se proyecte implantar el servicio civil no debe servir de pretexto para bajar la guardia respecto a la prestación y que lo prioritario es conseguir que todos los objetores hagan un servicio sustitutorio no meramente simbólico.

Este criterio es compartido por Justicia, que ha hecho una inspección del funcionamiento de la oficina de los objetores y negocia la creación de más plazas con el Insalud y la Cruz Roja. Asuntos Sociales, de su parte, planea incluir el empleo de objetores entre los requisitos a cumplir por las organizaciones que pidan subvenciones procedentes del impuesto sobre la renta.