Medio Ambiente autoriza el proyecto más dañino de la presa de Matallana

La presa de Matallana, que enviará su agua a Madrid, ya tiene el sello con el visto bueno. Se lo ha dado la Dirección General de Medio Ambiente, cuya resolución autoriza la construcción del embalse con una capacidad de 147 hectómetros cúbicos (por tamaño, la segunda gran presa de abastecimiento de Madrid), aunque reconoce que la "solución óptima" consistiría en un embalse de sólo 80 hectómetros cúbicos, lo que sería menos dañino y evitaría inundar el pueblo.

Esta preceptiva declaración de impacto ambiental presenta una redacción muy confusa, que ayer llevó a interpretaciones contradicto...

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La presa de Matallana, que enviará su agua a Madrid, ya tiene el sello con el visto bueno. Se lo ha dado la Dirección General de Medio Ambiente, cuya resolución autoriza la construcción del embalse con una capacidad de 147 hectómetros cúbicos (por tamaño, la segunda gran presa de abastecimiento de Madrid), aunque reconoce que la "solución óptima" consistiría en un embalse de sólo 80 hectómetros cúbicos, lo que sería menos dañino y evitaría inundar el pueblo.

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Esta preceptiva declaración de impacto ambiental presenta una redacción muy confusa, que ayer llevó a interpretaciones contradictorias incluso a representantes de las partes implicadas. Las organizaciones ecologistas han criticado duramente la futura obra, que estará situada en la sierra de Ayllón, en la provincia de Guadalajara y junto a la Comunidad de Madrid. Estas entidades ven innecesario el embalse.Para elaborar la declaración de impacto ambiental -suscrita por la referida dirección general del Ministerio de Obras Públicas- han sido consultados el Icona (Instituto para la Conservación de la Naturaleza), los ayuntamientos de la zona, las instituciones de Castilla-La Mancha y las organizaciones ecologistas, entre ellas CODA, Aedenat, Adena y la Coordinadora Madrileña de Defensa del Medio Ambiente. Los ecologistas emitieron informes que resaltaban el valor natural de la zona.

Finalmente, la Dirección General de Obras Hidráulicas -también de Obras Públicas- señala en su informe que la solución óptima para regular la cabecera del río Jarama es construir una presa en Matallana de pequeñas dimensiones (80 hectómetros cúbicos).

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Los ecologistas critican que se tolere una presa que no es la idónea

VIENE DE LA PAGINA 1De esa manera no se inundaría el pequeño pueblo hoy abandonado; y se podrían completar los 130 hectómetros necesarios para regular el río con los 50 que alberga el viejo pantano de El Vado, localizado aguas abajo de Matallana.

Hecha esta formulación de principios, a continuación considera que la construcción de una presa de 150 hectómetros cúbicos (casi el doble de la propuesta idónea desde el punto de vista medioambiental) es viable.

El texto dice así literalmente: "La presa de Matallana provoca con su embalse impactos derivados de la accción antropizante [la palabra no figura en el diccionario de la Real Academia, se supone que se refiere a la acción del hombre] que supondría su construcción y efecto barrera, que se suman al provocado por la presa y embalse de El Vado, cuyos valores ecológicos descansan en la relativamente escasa presión humana actual".

Más adelante añade: "Si se adoptara como opción óptima la resultante de ponderar la regulación en hectómetros cúbicos / coste de hectómetro cúbico regulado, se establecería una capacidad para el embalse de 80 hectómetros cúbicos en lugar de los 147 contemplados en el proyecto, pues los 80, más los 50 hectómetros de El Vado, proporcionan los 130 hectómetros cúbicos antes mencionados. Con esta capacidad de embalse, la presa alcanzaría una cota de 987 metros de altura y no se inundaría el pueblo de Matallana ni alguno de los bosquetes de mejorales de la zona aledaña al pueblo".

Ocho condiciones

Para armonizar la contradicción entre los deseos y la realidad, los redactores se curan en salud afirmando que el proyecto sólo se considerará ambientalmente viable si en la ejecución se cumplen ocho condiciones, dos más de las habituales en las declaraciones de grandes presas.

En síntesis, estas condiciones son: protección del entorno de la sierra de Ayllón, con estudio detallado de todos los caminos necesarios para la ejecución de las obras; estas vías estarán vedadas a los vehículos ajenos al servicio interno (para impedir el acceso de domingueros y disuadir a los visitantes motorizados a que perturben el entorno); las edificaciones de servicio para los trabajos deberán ser de estilo coherente con la "arquitectura negra" que caracteriza la zona; las canteras de conglomerados deberán situarse en zona inundable; no se harán voladuras entre enero y junio (periodo de reproducción de las aves protegidas); habrá un solo vertedero, se protegerán el patrimonio arqueológico y el ecosistema fluvial, y se redactará un plan de recuperación ambiental.

Fuentes de la Confederación del Tajo afirman que el curso de la obra ya está decidido. Salió a licitación a finales de septiembre, presupuestada en 12.000 millones de pesetas, de los que 150 millones se destinarán a reforestación y recuperación ambiental una vez concluida la obra. Antes de fin de año ya se sabrá qué empresa será la adjudicataria-beneficiaria de tal botín en una época de sequía económica.

En el Canal de Isabel II están satisfechos. Su gerente, Roque Gistau, se sentía ayer contento porque con la aportación de un caudal extra a sus depósitos (si estuviera lleno equivaldría al consumo de millón y medio de madrileños en un año) las sequías dejarán de obsesionarle. "Nos alegramos de que aumenten las reservas del Canal" decía Gistau.

El trasvase Alberche-Valmayor está a punto de concluirse e iniciar las pruebas para transferir agua a Madrid desde la Sierra de Gredos y el embalse del Pozo de los Ramos ya tiene concluido el proyecto. Con estas precauciones, ni Gistau ni el ministro de Obras Públicas, José Borrell, corren el riesgo de que les ocurra lo que al ministro Jorge Vigón. Franco lo destituyó fulminantemente al tener noticia de que Madrid podría sufrir restricciones.

Los ecologistas no dan crédito a que se apruebe la presa grande. Santiago Martín Barajas, portavoz de la Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental (CODA), afirma que no entiende cómo se va a ejecutar una presa diferente a la que la declaración de impacto considera idónea.

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