Me dirijo a usted

después de haber leído con notable sorpresa la noticia de la demanda de exención de tasas universitarias para el personal docente e hijos.Aunque hablo a título personal, creo representar a la mayor parte de los estudiantes afectados por este injustificado y vergonzoso criterio de agravio comparativo que, año tras año, se repite en nuestra Universidad. Y es que este año, si ya bastante tenemos con la abusiva subida de las tasas académicas, se descubre ahora un tema poco tratado: la exención de tasas para los funcionarios e hijos de funcionarios pertenecientes al Ministerio de Educación y Cienci...

después de haber leído con notable sorpresa la noticia de la demanda de exención de tasas universitarias para el personal docente e hijos.Aunque hablo a título personal, creo representar a la mayor parte de los estudiantes afectados por este injustificado y vergonzoso criterio de agravio comparativo que, año tras año, se repite en nuestra Universidad. Y es que este año, si ya bastante tenemos con la abusiva subida de las tasas académicas, se descubre ahora un tema poco tratado: la exención de tasas para los funcionarios e hijos de funcionarios pertenecientes al Ministerio de Educación y Ciencia.

La Constitución declara la igualdad de todo ciudadano ante la ley, independientemente de sus creencias e ideologías. Al órgano legislativo, representado por nuestros políticos, le compete renovar y actualizar todas aquellas leyes que atenten contra este principio fundamental, poniéndose en funcionamiento, entonces, el mecanismo ejecutivo o judicial si fuese necesario, siendo en el caso de anomalías no funcionales cuando se produce la arbitrariedad y, por ende, la injusticia.

En este caso se establece una clara diferencia, no sólo anticonstitucional, sino moralmente detestable, que afecta a un colectivo bastante considerable de estudiantes y cuyo beneficiario es una minoría. Es decir, se está vulnerando el principio básico de todo sistema democrático, y encima se agrava en el sistema de tasas -de forma directa o indirecta- el coste económico de estas ventajas (que no sólo se refieren a la gratuidad de matrícula, sino a ventajas económicas en instalaciones universitarias). Este sindicato está en su derecho de exigir el cumplimiento de una ley obsoleta, que data de 1967, redactada en un régimen posiblemente criticado y combatido por muchos de los que ahora firman ese documento; pero es el señor ministro el responsable de eliminar de una vez por todas estas injusticias vergonzosas que se mantienen con el dinero de los que, año tras año, cumplimos con nuestro deber de ciudadanos y que nos vemos indefensos a la hora de exigir, simplemente, justicia.-