La lentitud de la fiscalía impidió obtener una prueba definitiva contra 'Egin'
La lentitud con que actuó la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa evitó la posibilidad de que la Ertzaintza (policía autónoma vasca) comprobara la existencia de la prueba definitiva de que el diario Egin imprimió los carteles acusatorios y amenazantes. contra varios periodistas vascos, según fuentes policiales y judiciales. La Ertzaintza solicitó al fiscal la entrada y registro en Egin el día 27 de mayo, pero la petición no Regó a la mesa del juez de guardia hasta seis días después, el 1 de junio, a las 12.30, cuando ya era pública ladenuncia.
Los carteles pegados en mayo po...
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La lentitud con que actuó la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa evitó la posibilidad de que la Ertzaintza (policía autónoma vasca) comprobara la existencia de la prueba definitiva de que el diario Egin imprimió los carteles acusatorios y amenazantes. contra varios periodistas vascos, según fuentes policiales y judiciales. La Ertzaintza solicitó al fiscal la entrada y registro en Egin el día 27 de mayo, pero la petición no Regó a la mesa del juez de guardia hasta seis días después, el 1 de junio, a las 12.30, cuando ya era pública ladenuncia.
Los carteles pegados en mayo por las calles del País Vasco iban suscritos por Jarrai, rama juvenil de KAS, grupo político que apoya a ETA e integrado en Herri Batasuna. En ellos aparecían varios periodistas bajo el epígrafe de "asesinos" y se incluía la amenaza "os vamos a botar de Euskal Herria". Uno de los informadores amenazados aparecía también en el vídeo electoral de Herri Batasuna tras los títulos de "manipulación y desinformación". El presidente de la empresa editora del diario Egin es el senador de HB y miembro de su Mesa Nacional José Luis Elkoro.La policía autónoma vasca, molesta por la dilación en la tramitación de la querella presentada por la Consejería de Interior y la lentitud con que se hizo llegar al juez la solicitud de entrada y registro, tenía especial interés en demostrar que las planchas y material informático que sirvieron para imprimir los carteles se encontraban en el edificio del diario, en Hernani. El Tribunal Supremo había absuelto meses antes a varios miembros de HB por colocar carteles con calumnias contra la Ertzaintza, y citaba en su auto que el delito lo habían cometido los impresores o editores de los pasquines. El hecho de que Elkoro sea senador llevará el caso finalmente hasta el propio Tribunal Supremo.
Fue el propio fiscal Luis Manuel Navajas el que recibió la petición con carácter de urgencia de la policía autónoma para entrar en Egin el jueves día 27 de mayo. El recurso al fiscal es, según fuentes judiciales, un trámite que habitualmente utiliza la policía para reforzar sus demandas ante el juez.
Un soplo había puesto sobre aviso a los agentes del lugar donde se encontraban las planchas dentro de las instalaciones del periódico. Y además disponían de dos peritajes que demostraban por las marcas mécánicas, que los carteles habían sido impresos en la misma rotativa del diario. Sin embargo, la documentación llegó al juzgado de guardia casi una semana después.
Luis Manuel Navajas negó ayer que la tramitación de la querella sufriera restrasos, y subrayó que "el fiscal también era partidario de la entrada y registro, pero el juzgado no lo concedió". Efectivamente, la titular del Juzgado número 4 de Instrucción recibió la querella por amenazas, injurias, y propaganda ilegal y la petición de entrada y registro, pero el martes día 1 de junio, seis días después de que el fiscal tuviera conocimiento de los hechos y de la urgencia de algunas actuaciones.
El fiscal general del Esta do, Eligio Hernández, se había puesto en contacto con la Fiscalía de San Sebastián para instarle a que se acelerara el proceso. El consejero de Interior del Gobierno vasco, Juan María Atutxa, se encontraba ese día primero de junio en Madrid. Durante toda la mañana los medios de comunicación daban detalles de la querella y de las acusaciones contra Egin.
La juez, Victoria Cinto, confirmó, ayer que la petición de entrada y registro tramitada por el fiscal llegó a su mesa el día 1 de junio, pero evitó hacer comentarios al respecto. En su auto denegaba la entrada porque ya todo el mundo sabía qué se buscaba y dónde, y no se trataba de hacer un registro, en vísperas electorales, cuando toda la lógica hacía pensar que ya estarían destruidas las pruebas.
La querella sigue su curso en el Juzgado de Instrucción número 5. Un portavoz de este juzgado explicó ayer que necesitaba varios días para comprobar si durante sus vacaciones se había aportado alguna prueba adicional, y no pudo confirmar si el presidente de Orain, la editora del diario, había prestado ya declaración.