La ONU concede 10 días a la UNITA para que detenga la guerra en Angola
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas resolvió ayer dar un plazo de diez días a los rebeldes de la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA), para que suspendan unilateralmente las hostilidades en el país africano y reinicien de inmediato las negociaciones con el Gobierno de Luanda.El secretario general de la ONU, Butros Butros-Gali, y la troika de países observadores de los acuerdos de paz para Angola (Estados Unidos, Rusia y Portugal) habían aconsejado la adopción de medidas muy duras contra el movimiento de Jonás Savimbi, considerado responsable de la situ...
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El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas resolvió ayer dar un plazo de diez días a los rebeldes de la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA), para que suspendan unilateralmente las hostilidades en el país africano y reinicien de inmediato las negociaciones con el Gobierno de Luanda.El secretario general de la ONU, Butros Butros-Gali, y la troika de países observadores de los acuerdos de paz para Angola (Estados Unidos, Rusia y Portugal) habían aconsejado la adopción de medidas muy duras contra el movimiento de Jonás Savimbi, considerado responsable de la situación de guerra y de la "tragedia horrible" vivida por el. pueblo angoleño en los últimos doce meses. Savimbi decidió volver a las armas tras perder las elecciones celebradas en septiembre del año pasado.
Sin embargo, en el último momento prevalecieron las consideraciones humanitarias sobre las decisiones políticas, y el Consejo optó por posponer las sanciones previstas en beneficio del alto el fuego unilateral e incondicional ofrecido hace dos días por el general Ben-Ben, jefe de Estado mayor de los rebeldes, y que debe entrar en vigor el lunes.
Se espera que la suspensión de los combates por parte de la UNITA permita hacer llegar las ayudas internacionales ya preparadas por la ONU al interior de Angola, donde la violencia y el hambre matan diariamente a más de 1.000 personas. El objetivo es aliviar los sufrimientos de cerca de tres millones de refugiados y desplazados que viven afinados en las zonas controladas por el Gobierno, y que éste no está en condiciones de alimentar.