Gastos sanitarios

TODOS LOS informes coinciden en el diagnóstico: el futuro de la sanidad pública depende fundamental mente de la racionalización del gasto, de la fijación de las prioridades en las prestaciones y de la gestión transparente y descentralizada -no burocratizada y corporativa- de la administración sanitaria. El último de los estudios, elaborado por 100 expertos en sanidad -políticos, médicos, científicos, proveedores y gerentes hospitalarios- en el marco del Programa de Dirección y Organización de Hospitales de la Universidad Politécnica de Valencia, coincide milimétricamente con las grandes orient...

TODOS LOS informes coinciden en el diagnóstico: el futuro de la sanidad pública depende fundamental mente de la racionalización del gasto, de la fijación de las prioridades en las prestaciones y de la gestión transparente y descentralizada -no burocratizada y corporativa- de la administración sanitaria. El último de los estudios, elaborado por 100 expertos en sanidad -políticos, médicos, científicos, proveedores y gerentes hospitalarios- en el marco del Programa de Dirección y Organización de Hospitales de la Universidad Politécnica de Valencia, coincide milimétricamente con las grandes orientaciones contenidas en el informe Abril sobre la reforma de la sanidad y con las que el Banco Mundial ha expuesto en su reciente informe denominado Invertir en sanidad.El sistema sanitario público constituye uno de los grandes ámbitos del gasto social. En España y en los países de la CE. Y, en todos, su financiación plantea graves dificultades, no sólo derivadas de la actual recesión económica, sino también de las tendencias demográficas (envejecimiento de la población) y de la poco halagüeña perspectiva en la evolución del empleo en los próximos años. No importa que las fuentes de financiación de dicho gasto varíen según los países, dando mayor importancia unos a los impuestos y otros a la cotización de los beneficiarios (en España, la cobertura vía impuestos es de las más altas de la CE). A todas las afectan por igual la gravedad de la coyuntura económica, el aumento de los jubilados y pensionistas y la crisis estructural del empleo.

De ahí que el control y la racionalización del gasto sean indispensables para salvar el sistema y, en consecuencia, para evitar que en un futuro próximo cuajen políticamente las teorías neoconservadoras que abogan por la privatización de la sanidad. El informe de los expertos de Valencia descarta su triunfo, pero a condición de que se asuma un cierto incremento de la cofinanciación por parte del usuario y de que se establezca un "catálogo" de prestaciones que limite y fije un techo en la cobertura pública.

Precisamente el decreto de financiación selectiva de medicamentos que entra en vigor el próximo 25 del presente mes busca aplicar este rigor y racionalización en el gasto al ámbito farmacéutico, uno de los más gravosos para la sanidad pública. No hay que olvidar que el gasto farmacéutico -cerca de medio billón de pesetas al año- supone el 20% del gasto sanitario total. Y aunque algunos sectores, que se caracterizan por fustigar al mismo tiempo el déficit público y los intentos por domeñarlo, han criticado duramente dicho decreto, ninguna duda cabe de que constituye una medida positiva que marca el camino a seguir en otros capítulos del gasto sanitario. Si de lo que se trata es de racionalizar el uso de un dinero que es de todos y no de rebajar la calidad del servicio, no se entiende que se cuestione este fin al retirarse determinados fármacos menores de la lista de los sufragados por la Seguridad Social o al procurar que a un paciente que necesita 15 píldoras no se le receten 30 o 40. Es un asunto que exige el matiz razonado. Como afirma la nueva ministra de Sanidad, Ángeles Amador, la sanidad pública no puede desentenderse de la actual situación de crisis, pero controlar el gasto no es reducirlo".

La supervivencia del sistema público de salud sería el logro fundamental que se derivaría de la introducción de criterios de racionalización en el gasto sanitario (contra la opacidad del coste, contra el exceso del consumo, contra la inadecuación de la oferta y la demanda, contra las deficiencias en la organización, gestión y prestación, etcétera). Pero también coadyuvaría al mantenimiento y mejora de la calidad en las prestaciones. Si no se hace, y pronto, será cada vez más dificil acabar con las deficiencias estructurales del sistema, cuya manifestación más irritante, aunque no única, son las listas de espera. La legislatura que se acaba de iniciar es el marco adecuado para el debate riguroso sobre una cuestión que afecta al presente y al futuro de todos.